Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó comparecencia con restricciones para él y otros tres investigados por el caso Metro de Lima. La Fiscalía investiga a Cornejo Ramírez por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho pasivo propio y colusión.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima rechazó el pedido fiscal de prisión preventiva contra Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones, y dictó la medida de comparecencia con restricciones. Ello en el marco de las investigaciones que se le sigue por el Metro de Lima.
El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena dictó la misma medida para Oswaldo Plascencia, ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE); Jorge Luis Menacho Pérez, exsecretario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y Raúl Torres Trujillo, exjefe de Provías Nacional.
Entre las restricciones se encuentran las siguientes: no ausentarse de la capital y no viajar al extranjero mientras dure el proceso; presentarse al Juzgado de Investigación Preparatoria cada 30 días y justificar sus actividades; prohibición de comunicarse con los otros investigados y testigos.
Sánchez Balbuena sustentó su fallo a fin de que los investigados "afronten el proceso sin limitaciones tan gravosas". Asimismo, señaló que "no existen graves y fundados elementos de convicción" para dictar prisión preventiva y que "la actuación de los investigados se realizó en el marco de sus funciones".
En consecuencia, dispuso la inmediata liberación de los cuatro investigados. La representante de la Fiscalía anunció que interpondrán un recurso de apelación, mientras los abogados de los acusados se mostraron conformes con la decisión del juez.
Antes de su liberación y posterior traslado a sus domicilios, los imputados serán llevados a la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía, que se encuentra dentro de la Prefectura, para cumplir unos trámites administrativos.
La Fiscalía investiga a Cornejo Ramírez por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho pasivo propio y colusión. La tesis del Ministerio Público es que habría beneficiado a la empresa constructora mediante la emisión de dos decretos de urgencia durante su gestión.
Además, se le acusa de formar parte de una presunta organización criminal que habría liderado el fallecido expresidente Alan García.
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