Delia Espinoza señaló que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la está "discriminando", pues no está actuando con ella como si se actuó con los fiscales Tomás Gálvez y Patricia Benavides, cuando fueron repuestos con órdenes jurisdiccionales. "Ahí no hubo ningún tipo de reclamo, de controversia ni demora", señaló.
Delia Espinoza, en declaraciones para RPP, se pronunció este domingo acerca del fallo judicial que aún está pendiente de ejecución, el cual la repone como fiscal suprema y fiscal de la Nación, cargo que, actualmente, ocupa Tomás Gálvez de manera interina.
Como se sabe, el pasado 13 de octubre, el Noveno Juzgado Constitucional declaró fundada una medida cautelar innovativa que presentó Espinoza Valenzuela contra la suspensión en su contra dispuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Además, la judicatura ordenó que el mandato de reposición se cumpla dentro de los cinco días de notificada la JNJ.
Al respecto, la magistrada consideró que dicha entidad está actuando de "manera parcializada" al no haber ejecutado, hasta el momento, su retorno como titular del Ministerio Público, pues, según indicó, procedió de manera célere en los casos de reposición de los fiscales Tomás Gálvez y Patricia Benavides.
"Lo que sucede es que la JNJ está actuando de una manera parcializada, porque está discriminándome en relación a otras órdenes jurisdiccionales anteriores, por ejemplo, las que ordenaron la reposición del ahora fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, y en su momento de la propia fiscal Patricia Benavides. Ahí no hubo ningún tipo de reclamo, de controversia ni demora, pero en este momento es sorprendente que actúen de esa manera", sostuvo.
Cabe señalar que, al día siguiente de conocerse el fallo a su favor, Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia, indicó a la prensa que ya había sido notificado por el Poder Judicial y señaló que correspondía acatar lo dispuesto por la judicatura.
"Tratándose de una medida cautelar, cualquier apelación de la parte, en este caso de la Procuraduría de la JNJ, va a ser concedida sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a tener que cumplir con la disposición judicial de medida cautelar. Se podrá apelar, pero se tiene que dar cumplimiento a eso”, aseveró Ríos Patio.
Sobre estas afirmaciones, Espinoza indicó que el presidente de la JNJ conoce los efectos jurídicos de la disposición y dijo esperar que, mañana, 20 de octubre, sea respuesta como fiscal de la Nación.
"Cuando públicamente el señor presidente de la Junta Nacional de Justicia sale a expresar [ello], eso significa que su procurador, quien está llevando el caso, ya le ha comunicado la notificación válidamente emitida por el señor juez constitucional, y al expresar públicamente esa decisión quiere decir que conoce los efectos, los alcances de esta medida cautelar […], y es un anuncio público que esperamos se cumpla ya para el día de mañana [lunes]", aseveró.
Espinoza considera "absurdo" proyecto de ley para descontar impuestos a los pagos por extorsiones
Por otro lado, Espinoza Valenzuela se pronunció sobre el proyecto de ley presentado por el congresista Luis Cordero Jon Tay (Alianza para el Progreso), que plantea que a los contribuyentes se les pueda deducir del impuesto a la renta los pagos realizados por concepto de extorsión.
De acuerdo con la iniciativa -presentada el último martes-, para acreditar la pérdida de dinero como consecuencia del delito de extorsión, las víctimas deberán presentar una declaración jurada. No obstante, si la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) determina que el contribuyente ha proporcionado información falsa, podrá presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público.
Al respecto, Delia Espinoza consideró "absurdo" el proyecto y que tendría su origen en la "ignorancia" sobre el tema.
"En principio, no tiene sentido, es absolutamente absurdo ese proyecto de ley. Realmente hay que ser bastante ignorante, es decir, ignorar la materia para legislar, proponiendo una idea tan descabellada, perdonando la expresión", señaló.
"Sucede que la SUNAT -si es que va a descontar los impuestos de las personas que presentan una declaración jurada- tiene que hacer verificaciones, tiene que constatar, tiene que demostrar. No basta solamente la palabra, un escrito con declaración jurada. Eso llevaría a que los peruanos que desean que se les deduzca impuestos tengan que buscar al extorsionador para que les dé comprobantes de pago, recibo por honorarios o alguna constancia de esa extorsión. Es absurdo", explicó.
En ese sentido, la magistrada indicó que, haciendo "una lectura más a fondo", se pretendería "favorecer no al ciudadano de a pie, al que paga sus impuestos puntualmente y son los emprendedores, pequeños comerciantes y la población que sufre todo este tema, sino a determinadas economías que, por ahí y recordemos que la SUNAT es parte del Poder Ejecutivo [sic]".
"No vaya a ser que se pretenda que algunas declaraciones juradas pasen el filtro, pasen el trámite, y se les deduzca los impuestos y así se vean favorecidas determinadas personas o grupos o conglomerados empresariales. Cuidado con eso", puntualizó.
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