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El día de ayer, el Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y su exsocio Gerardo Sepúlveda por el caso Westfield Capital vinculado con Odebrecht. El exmandatario es acusado por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del Estado
El Poder Judicial autorizó ayer, lunes, el inicio del juicio oral contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el caso Westfield Capital, vinculado con las investigaciones a la empresa brasileña Odebrecht.
En una resolución de más de 2 mil páginas, el juez Jorge Chávez Támariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso el enjuiciamiento contra Kuczynski Godard y su exsocio, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, para quienes se pide sendas condenas de 35 años de prisión y una reparación civil ascendente a US$ 46 682 264.96
El magistrado precisó en su auto de enjuiciamiento que, de la acusación fiscal, se han admitido 2577 medios probatorios, con lo que también se peticiona imponer "consecuencias jurídicas" contra 4 empresas: Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Latin America Enterprise Managers y Dorado Asset Management Limitada. De esta última, se propone su disolución.
#Último El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional pone fin a la etapa de investigación en el proceso contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski y otros, por el delito de lavado de activos y dispone que el caso pase a juicio oral en un Juzgado Penal Colegiado. pic.twitter.com/RY86BCkBkX
— Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) September 1, 2025
¿De qué acusa la Fiscalía a Pedro Pablo Kuczynski?
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski es acusado del presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del Estado. Cabe resaltar que las indagaciones a cargo del Equipo Especial Lava Jato se remontan a fines de 2017, cuando el hoy acusado aún ejercía la Presidencia de la República.
La Fiscalía señala que el exjefe de Estado habría liderado una organización criminal "destinada al lavado de activos provenientes de 'pagos por asesorías financieras' vinculados a delitos contra la administración pública". De esta manera, Kuczynski, desde altos cargos públicos en los que manejaba información privilegiada, habría instruido "a Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada a suscribir contratos y/u otros documentos vinculados a las asesorías financieras en representación de Westfield Capital Ltd".
"Asimismo, [Kuczynski] disponía el manejo de sus cuentas personales y de sus empresas a los demás miembros de la organización (Gloria Jesús Kisic Wagner) y finalmente era el encargado de conseguir las asesorías para que, por medio de su organización, se ejecuten, y de este modo hacerse de ingentes sumas de dinero las cuales sirvieron para la adquisición de bienes inmuebles, algunos gastos de la campaña política del 2011 – 2016 y diversos pagos", indica el Ministerio Público.
A su vez, la Fiscalía señala a Sepúlveda Quezada como el "encargado de ejecutar las asesorías financieras, ya sea a nombre propio de las empresas Westfield Capital Limited y/o First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, ya que el líder de la organización siempre permanecía detrás manejando la escena por la posición que ostentaba dentro del Ejecutivo", ya sea como ministro de Estado o premier.
En ese sentido, se imputa que el exsocio de Kuczynski "era la persona encargada de firmar los contratos de asesoría financiera a nombre de Westfield Capital Ltd" y que fue la persona que manejó "la cuenta bancaria de la empresa Dorado Asset Management Ltd, y fungiendo esa condición ordenó el pago para la adquisición del inmueble sección 2-B, zona 9 del distrito de Cieneguilla".
"En líneas generales, la organización criminal lo que hacía era limpiar el dinero maculado recabado producto de la comisión de delitos de corrupción de funcionarios en diversos proyectos de gran envergadura. Así pues, [Kuczynski], valiéndose de la influencia e información privilegiada que manejaba, intercalaba la función pública y privada para beneficiarse económicamente mediante la negociación ilícita de información privilegiada, comprometiendo su función pública a cambio de un beneficio económico", apunta la Fiscalía.
"De ese modo, a través de la suscripción de contratos de asesoría financiera con las empresas contratistas, entre ellas Odebrecht, justificaba el ingreso de dinero maculado a la organización criminal a través de la instrumentalización de personas jurídicas de su propiedad, así como de propiedad de los demás integrantes de la organización criminal, para limpiar el dinero maculado mediante actos de lavado de activos y de ese modo integraba dinero de procedencia ilícita en el sistema financiero", agrega.
Estos actos, siempre según el Ministerio Público, habrían sido cometidos cuando Kuczynski ejerció como ministro de Economía entre el 2001 y 2002, y entre el 2004 y 2005; como presidente del Consejo de Ministros entre 2005 y 2006; y presidente de la República entre 2016 y 2018.
¿Qué alega la defensa del expresidente?
Julio Midolo Chirinos, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, en diálogo con RPP, indicó que, desde 2017, "se están investigando [...] las asesorías financieras que realizó su exsocio, el ciudadano chileno Gerardo Sepúlveda, a través, en una parte, de su empresa Westfield Capital y de otra ya directamente a través de la empresa de este señor Sepúlveda, First Capital". En ese sentido, el letrado señaló que la imputación de la Fiscalía es "absolutamente improcedente".
"Lo que ha sucedido aquí es que se cuestionan todas esas asesorías financieras y se le está equiparando por un delito que es absolutamente improcedente para este caso que es el de lavado de activos", sostuvo.
"Al inicio de esta investigación se estableció que el señor Pedro Pablo Kuczynski había conformado una organización criminal, que estaría integrada por el señor Sepúlveda, su exsecretaria Kisic Wagner, y su exconductor o chofer, el señor Bernaola Ñuflo. Al término de esta etapa intermedia, el propio juez Chávez Tamariz [...] ha retirado del caso tanto a la señora Kisic como al señor Bernaola, al chofer, con lo cual ya esa organización criminal no existe", indicó.
Midolo Chirinos aseguró que en la próxima etapa del proceso se determinará que "no hay ninguna posibilidad de que se pueda establecer algún tipo de lavado activos".
"Lo que en realidad ha imputado el Ministerio Público es un supuesto tráfico de influencias o una supuesta incompatibilidad de intereses entre el ámbito privado y el ámbito público, pero que de ninguna manera podría equipararse a un lavado de activos", apuntó.
"No existe ninguna procedencia ilícita de fondos. El presupuesto fundamental para un lavado de activos es que los fondos con los cuales se realiza el pago, que en este caso sería el de las asesorías financieras, tendría que tener una procedencia ilícita. No existe una línea en la acusación fiscal que establezca ello. Se han realizado una serie de pericias a lo largo de estos casi ocho años de proceso en los cuales se ha podido determinar que los fondos con los cuales se pagaron estas asesorías financieras tuvieron una procedencia absolutamente lícita. Y regresamos nuevamente al mismo error: lo que la Fiscalía imputa o debió haber imputado es un supuesto tráfico de influencias. No lo hizo porque evidentemente es un delito que ya está absolutamente prescrito", explicó.
Asimismo, el abogado indicó que la solicitud de 35 años de cárcel contra su patrocinado es una "sentencia de muerte que nace con un error".
"Este error está en la sumatoria de penas. Nuestro sistema permite que se puedan sumar penas hasta un máximo de 35 años. Sin embargo, en este caso, lo que siempre existió fue una sola investigación por un periodo de tiempo. Se dijo ‘va del 2001 al 2015 y vamos a investigar todas las operaciones que el señor realizó en ese periodo de tiempo por un supuesto lavado de activos’. Al término de eso, se debió pedir una sola pena. Lo que ha hecho la fiscalía es sumar esas penas. Si no existiera el máximo previsto en nuestra norma de 35 años, la Fiscalía hubiera pedido 80 años", argumentó.
Además, Midolo no descartó que el proceso haya partido de una persecución política contra Kuczynski Godard.
"A mí me parece que sí. En un inicio esto nació con un matiz político, sin duda, porque nace a raíz de una comisión del Congreso de la República liderado por el partido político opositor que resultó perdedor en las elecciones contra el señor Kuczynski, la Comisión Lava Jato. Sin embargo, en el tiempo esto ha mutado. Lo que ha sucedido aquí, lamentablemente, es una obstinación por parte del Ministerio Público que simplemente no quiere dar su brazo a torcer y persiste en casos que son manifiestamente improcedentes", puntualizó.
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