El defensor del Pueblo consideró que una concesión "no es el derecho de propiedad que tiene la gran o mediana minería" y que casi el 100 % de zonas altoandinas tienen denuncios mineros. Además, dijo que el crecimiento del PBI "es porque la actividad de la minería informal está presente en la economía del país".
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en diálogo con RPP, se pronunció este lunes en torno a la actual crisis relacionada con la formalización minera y el cierre del Reinfo, que suscitó, en los últimos días, protestas en varias regiones del país.
Como se sabe, las referidas protestas mineras mantienen un cese temporal, luego de que, el último viernes, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) anunciara una tregua para entablar un diálogo con el Ejecutivo. Al respecto, la presidenta de la república Dina Boluarte convocó ayer, domingo, a una mesa de trabajo para abordar el tema.
En ese sentido, Gutiérrez Cóndor -quien ha sido convocado a dicha jornada por la jefa de Estado- consideró que en la minería informal están "quienes pueden ingresar a un proceso de formalización y deben contribuir con el país" y que ellos, según "cifras que tiene la Defensoría del Pueblo", moverán este año un promedio de $7 mil millones que pueden ser incorporados a la economía formal.
"Cuando hablamos de la minería informal, estamos hablando de quienes pueden ingresar a un proceso de formalización y deben contribuir con el país. Son 7 mil millones de dólares, este 2025, que se van a mover en la actividad y que necesita ser incorporado a la economía formal [...] Son cifras muy claras y son cifras que tiene la Defensoría, pero que está corroborada con cifras oficiales del mismo Ministerio de Energía y Minas […] Si nosotros este año crecemos a 2.5 % es porque la actividad de la minería informal está presente en la economía del país", indicó.
"¿Quieres realmente que esos 7 mil millones de dólares que este año va a mover la minería informal en el Perú sea incorporado a la economía para un estado de bienestar? Hoy día está incorporado de manera indirecta, pero, ¿quiénes son los grandes exportadores?: Bolivia y Ecuador y no nosotros", acotó.
Consultado sobre su opinión respecto a lo señalado por Máximo Franco Béquer, presidente de Confemin, sobre que una solución a la crisis sería anular de los requisitos de formalización el contrato de explotación con los concesionarios; Gutiérrez se mostró de acuerdo e indicó que "lo demás es una hipocresía burocrática".
"Claro, porque lo demás es una hipocresía burocrática. El Reinfo es inviable, es mentirnos. Es como decir ‘tú sigue operando en la informalidad y yo me hago de la vista gorda’, y no es así", aseveró.
"La gran minería y la mediana minería tienen una actividad masiva. Ellos diariamente deben mover 7 millones de toneladas métricas de tierra por día. Los mineros artesanales e informales deben mover el 1 % de eso, pero curiosamente están equiparados en la producción del oro. ¿Será verdad, se está sincerando? ¿Cómo es que yo que muevo 99 % declaro menos la exportación de mi oro que lo que declaran estos chiquititos que están rascando encima del cerro? Acá hay mucho interés de por medio. Yo estoy haciendo un análisis muy macro, pero tengo fe de algo: ante la hipocresía del Reinfo, esto ya no debe ocurrir más", remarcó.
Sobre concesiones: "El recurso es del Estado peruano [...], ahí no hay derecho de propiedad"
Respecto a las áreas mineras concesionadas, Gutiérrez Cóndor consideró que el subsuelo y los recursos minerales "son del Estado", por lo que "es patrimonio de toda la nación". No obstante, indicó que casi no hay "cuadrículas" de explotación minera disponibles, pues están comprometidas en concesiones.
"Ciertamente esto se concesiona a quienes lo solicitan, puede ser gran minería, mediana minería, pequeña minería o una persona interesada que quiere en una cuadrícula, que es una hectárea, desarrollar su pequeña actividad. Lo que pasa es que, en el Perú, si usted revisa cuántas cuadrículas están disponibles, ya no están disponibles. Todas están con denuncios mineros. Casi todas", sostuvo.
"Todos los lugares donde hay actividad de minería están ciertamente con las cuadrículas con sus denuncios mineros [y] gran parte de la zona altoandina […] Nosotros hemos revisado toda la zona altoandina donde hay, digamos, presencia de actividad en minería [y] está concesionada […] Hay comunidades campesinas, hay propietarios que viven en la zona rural y ciertamente tienen dominio sobre su suelo y ejercen actividad de pastoreo, de crianza de animales, también de agricultura. Ellos de un momento a otro se ven invadidos porque hay un denuncio minero debajo de ellos que ya no les corresponde a ellos", agregó.
En esa línea, el defensor del pueblo recalcó que "el recurso es del Estado peruano", por lo que "ahí, no hay derecho de propiedad".
"El recurso es del Estado peruano, que te lo entreguen como concesión para que lo explotes, eso es otra cosa. Ahí no hay derecho de propiedad, es una concesión. Hay un derecho que yo voy a poner como parte de la doctrina jurídica: si usted es un inquilino de un inmueble, y ese inmueble es puesto a la venta, supongamos que lo van a vender por 100 mil dólares, ¿quién tiene el derecho preferente? El inquilino. Igual es ahora: cuando se pone a concesionar las cuadrículas, alguien vive ahí. Si ese que vive ahí no quiere saber nada del subsuelo bajo esa superficie, entonces se le podrá entregar a un tercero", sostuvo.
Finalmente, Josué Gutiérrez señaló que el proceso de formalización de mineros artesanales debería considerar reglas claras, que proscriban a la minería ilegal.
"¿Vamos a entrar a un proceso de formalización? Sí. ¿Bajo qué reglas? Primero, la formalización implica el sistema de tributación; segundo, también los estándares medioambientales. La proscripción de toda actividad ilegal que está asociada a la trata de personas, sobre todo de menores de edad en materia laboral y también de menores de edad en la violencia sexual. Entonces, esas son las líneas que no se puede negociar, de ninguna manera", indicó.
"Estamos al frente de una gran oportunidad de poder solucionar un problema que resulta siendo, en estos momentos, grave, pero que pueda allanarse el camino de un entendimiento técnico-legal dentro de los parámetros que sean aceptables para el país como Estado, pero también para los demás", puntualizó.