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Pérez Gómez solicitó al fiscal del EFICCOP, Freddy Niño, que le informe de presuntos actos de "obstrucción e interferencia" a la justicia de Javier Pacheco, "como la desactivación de la Unidad de Defensa Jurídica" de la PGE.
El fiscal provincial José Domingo Pérez solicitó a Freddy Niño Torres, fiscal del Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), que le informa sobre presuntos actos de obstrucción a la justicia cometidos por el procurador general interino, Javier Pacheco.
El pedido fue formulado mediante un oficio remitido a Niño Torres el último viernes, a través del cual el fiscal del Equipo Especial Lava Jato le solicitó "se informe (....) sobre posibles actos obstruccionistas en las investigaciones fiscales seguidas en (...) etapa de juicio oral" de los casos "Metro de Lima-Línea 1", "IIRSA Sur-Toledo", "Aumentar Keiko 500" y "No revocatoria-Susana Villarán".
"Lo solicitado en atención a la información de carácter público que da cuenta de los posibles actos de obstrucción e interferencia con el sistema de administración de justicia que viene cometiendo Javier Pacheco Palacios, tal como la desactivación de la Unidad de Defensa Jurídica contra altos funcionarios de la Procuraduría General del Estado (...) a partir de su designación como procurador general del Estado interino", indica el oficio.
Cambios estructurales en la Procuraduría
El pasado 16 de diciembre, la presidenta de la república, Dina Boluarte, designó a Javier Pacheco Palacios como nuevo jefe interino de la Procuraduría General del Estado (PGE), tras la suspensión temporal de Daniel Soria. Con poco más de una semana en el cargo, el abogado ya ha realizado varios cambios estructurales en la entidad, como la desactivación de dos unidades funcionales.
Se trata de la Unidad de Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos contra altos funcionarios, la cual ve los procesos contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola, entre otros; y la Unidad Funcional de Articulación Territorial, la cual atiende los requerimientos de las procuradurías públicas regionales y municipales, y se encarga de absolver directamente sus consultas.
Vale resaltar que la unidad contra altos funcionarios tiene 89 carpetas de investigaciones y procesos, e investiga a 72 congresistas, 34 ministros y exministros, 6 presidentes y expresidentes del Consejo de Ministros y otros 10 funcionarios.
En un memorando enviado el último jueves a la gerente general de la PGE, Aída la Rosa Sánchez, el procurador encargado explica que resulta necesario desactivar ambas unidades y así “centralizar y consolidar los recursos especializados en la defensa de estos casos" con el fin de optimizar recursos y esfuerzos. Asimismo, señala que es facultad del procurador general del Estado denunciar a altos funcionarios.
Finalmente, la gerente general de la institución, al día siguiente del requerimiento, emitió la resolución a través de la cual se desactivaron las referidas unidades y se dispuso que los responsables salientes adopten "las acciones necesarias para la transferencia de los documentos de los archivos de gestión (...) en el plazo máximo de 05 días hábiles" a la presidencia ejecutiva de la PGE.
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