Fiscal José Domingo Pérez pide la suspensión de actividades políticas de Fuerza Popular por dos años y medio

El fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, solicitó al juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Víctor Zúñiga, la suspensión de actividades políticas de Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, por un plazo de dos años y medio.

"A tenor de lo establecido en el artículo 113° del Código Procesal Penal en concordancia con el inciso 1, literal c, artículo 23 de la Ley N°30077-Ley de Crimen Organizado, el equipo especial de fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, el primer despacho solicita ante su respetable despacho, se sirva a disponer suspensión temporal de las actividades políticas por un plazo de dos años y medio", se lee en el documento –con fecha 17 de julio– firmado por Pérez Gómez.

El fiscal presenta como fundamento de hechos una serie de proyectos de ley, dictámenes y textos sustitutorios que impulsó Fuerza Popular en el Congreso de la República entre 2017 y 2018.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, enfrenta una investigación por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que habría recibido de la constructora Odebrecht y de otros empresarios para el financiamiento de sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

La investigación fiscal atribuye a la excandidata presidencial liderar una organización criminal al interior del partido Fuerza Popular que habría captado recursos de fuentes indebidas.

De acuerdo con el Ministerio Público, la organización naranja "tenía entre sus fines obtener el poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial brasileño Odebrecht en el Perú y diversas localidades del mundo".

"Luego estando en el poder se retribuyera estos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas (Ejecutivo), beneficios normativos (Legislativo) y/o favorecimiento judicial (Judicial), continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal", indica el organismo público, según cita el juez Richard Concepción Carhuancho en una resolución judicial.