Giulliana Loza señaló que, independientemente del juez que les designen, exigirán que sea imparcial y que respete el debido proceso. En su opinión, Richard Concepción Carhuancho no cumplía esos requisitos.
Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, aseguró que no tienen “ningún interés” en que sea un determinado juez el que se encargue del proceso que se sigue contra su defendida y otros en el marco del caso Odebrecht.
“[Además de Concepción Carhuancho] Hay cientos de magistrados igual de respetables y correctos y que son imparciales... Nos designen al juez que nos designen, nosotros vamos a exigir que respeten el debido proceso y que sean imparciales. No tenemos ningún interés en que sea este juez o ese, sino que sea natural, competente e imparcial”, afirmó Loza en el programa ¿Quién Tiene la Razón? en RPP.
En ese sentido, reiteró que el recusado juez Richard Concepción Carhuancho está "parcializado". "Estábamos ante un juez parcializado con la Fiscalía. Lamentablemente, el razonamiento que impuso en la resolución de la prisión preventiva es marcadamente político".
Como se recuerda, el juez Concepción Carhuancho estaba a cargo de este caso, hasta que la Segunda Sala Penal de Apelaciones lo apartó y designó a la magistrada Elizabeth Arias en su reemplazo. Este viernes, la defensa de Keiko Fujimori solicitó que Arias se inhiba de ver el caso.
Sobre acusaciones a Arias
La letrada aprovechó para pronunciarse sobre las versiones que circulaban en redes sociales acusando a la jueza Arias de haber participado en una presunta orgía en instalaciones del Poder Judicial. Según la abogada, lo que habría ocurrido es que la magistrada y otra joven habrían sido víctimas de abuso sexual. Por este caso, el estudio de Loza Ávalos la patrocinó.
Este patrocinio motivó la solicitud de Loza para que la jueza se inhiba de ver el caso.
“Lamento mucho este tipo de información en redes que denigran mucho a la persona, en ese caso mujer y magistrada. Me parece incorrecto que se haya planteado así la información”, afirmó a RPP.
En su opinión, cualquier persona tiene derecho a discrepar con las decisiones del juez en un determinado proceso, pero en este caso se dio a la magistrada “un trato humillante” que no se puede permitir.
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