Keiko Fujimori
Keiko Fujimori es investiga por presunto lavado de activos. | Fuente: Andina

Luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara el estado de emergencia y aislamiento social obligatorio por la COVID-19, las labores del Equipo Especial del Caso Lava Jato se vieron interrumpidas. Aquí una cronología del caso Keiko Fujimori, a quien el Ministerio Público investiga por presuntamente recibir dinero de Odebrecht para sus campañas presidenciales.

¿En qué etapa se encuentra la investigación?

La investigación a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos, que dirige el fiscal José Domingo Pérez, se encuentra en la etapa preparatoria y finaliza en octubre del 2021 según la ley. Sin embargo, esta podría terminar antes del plazo establecido.

¿Por qué termina en el 2021?

El fiscal Pérez formalizó la investigación en octubre del 2018 y la declaró compleja, lo que le permitía a su despacho realizar la investigación preparatoria hasta por 36 meses.  Terminado este plazo, el Ministerio Público tiene que presentar la acusación fiscal, y con ello da paso al control de acusación, que es la etapa intermedia, el puente entre la investigación y el juicio oral.

En esta etapa, los hechos que han sido motivo de investigación preparatoria tienen que ser parte de un análisis de tipicidad. El fiscal debe sustentar la acusación con hechos fácticos, mientras que la defensa puede cuestionar. Culminada esta fase, el juez pasa a juicio oral, que termina con una sentencia en primera instancia.


Rafel Vela Barba y José Domingo Pérez, integrantes del Equipo Especial Lava Jato
Rafel Vela Barba y José Domingo Pérez, integrantes del Equipo Especial Lava Jato | Fuente: Andina

CRONOLOGIA DE LA SEGUNDA PRISIÓN PREVENTIVA A KEIKO FUJIMORI

29 de noviembre del 2019: luego de estar 13 meses en prisión, Keiko Fujimori fue puesta en libertar tras el fallo del Tribunal Constitucional. Con cuatro votos a favor y 3 en contra se admitió el Hábeas Corpus que interpuso en julio de ese mismo año su hermana Sachi Fujimori.

6 de diciembre del 2019: Casi una semana después, el fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación preparatoria por cinco delitos: lavados activos, organización criminal, asociación ilícita para delinquir, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude. Además, solicitó al Poder Judicial incluir a investigación a la empresa de Mark Vito Villanella, ya que para la fiscalía esta se habría utilizado para lavar el dinero que recibió su cónyuge durante la campaña presidencial del 2011.

13 de diciembre del 2019: El Ministerio Público solicitó por segunda vez un nuevo pedido de prisión preventiva. En esta oportunidad el fiscal solicitó 36 meses e incorporó nuevos elementos de convicción, entre ellos, las declaraciones brindada por Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, quien declaró ante los fiscales que su tío y Keiko Fujimori tenían conocimiento sobre el aporte que realizó Odebrecht a la campaña del 2011. Además, se incluyó los testimonios de los empresarios que dijeron haber entregado dinero a la campaña presidencial de la lideresa de Fuerza Popular.

28 de diciembre del 2019: El cuarto juzgado de investigación preparatoria, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, dio inicio a la audiencia de prisión preventa de Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez ratificó su pedido, indicando que el sobrino del ex secretario general de Fuerza Popular declaró ante su despacho que su tío le entregó dinero para que deposite al partido a través de falsos aportantes. También señaló que Fujimori Higuchi ordenó encubrir a estos falsos aportantes.

Durante la audiencia, el fiscal Pérez, también presentó los testimonios que brindaron los empresarios, entre ellos el presidente ejecutivo de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, y el presidente del Grupo Gloria, Vito Rodríguez. El primero indicó ante el despacho del equipo especial que donó 3.6 millones de dólares y que esto fue entregado a la lideresa de Fuerza Popular, mientras el segundo reconoció que aportó 200 mil dólares, también en efectivo, y detalló que el dinero fue entregado en un maletín en una casa de La Molina.

28 de enero del 2020: Keiko Fujimori regresó al penal de Santa Mónica. El Poder Judicial ordenó 15 meses y dos días de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos debido a que no logró comprobar su arraigo laboral y domiciliario, esto según la resolución del juez.

3 de febrero del 2020: La defensa de Keiko Fujimori presentó la apelación ante el Poder Judicial. A su salida, Giulliana Loza afirmó que su defendida merecía afrontar el proceso en libertad y señaló que no existe ningún riesgo de fuga.

Ese mismo día, el fiscal José Domingo Pérez pidió que la apelación de la defensa no proceda, debido a que fue presentada fuera de plazo, originándose un enfrentamiento entre la defensa y el Ministerio Público.

18 de febrero del 2020: El juez Víctor Zúñiga concedió el recurso de apelación de Keiko Fujimori y rechazó el pedido de nulidad que presentó el Ministerio Público.

Marzo del 2020:  Se constituyó la sala que iba a analizar la apelación de la lideresa de Fuerza Popular. Dicha sala estaba integrada por los jueces superiores Sonia Torres (presidenta), Rómulo Carcausto y Édgar Medina.

La investigación a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos, que dirige el fiscal José Domingo Pérez, se encuentra en la etapa preparatoria y finaliza en octubre del 2021 según la ley.
La investigación a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos, que dirige el fiscal José Domingo Pérez, se encuentra en la etapa preparatoria y finaliza en octubre del 2021 según la ley. | Fuente: Andina

EFECTO COVID-19

16 de marzo del 2020: Se suspendieron todas las actividades e investigaciones del Equipo Especial Lava Jato debido a la pandemia.

17 de abril del 2020: Casi un mes después, la abogada Giulliana Loza anunció que la sala presidida por la Dra. Sonia Torres resolvió admitir a trámite la apelación presentada a favor de su defendida, y que en los próximos días se llevaría a cabo la audiencia. Otro anuncio fue que había presentado un recurso en el cual señalaba que Fujimori Higuchi estaba en riesgo de contraer el coronavirus. Con ello la lideresa de Fuerza Popular tenía dos opciones para salir en libertad.

21 de abril del 2020: El juez Richard Concepción Carhuancho se apartó del pedido de resolver el cese de prisión preventiva de Keiko Fujimori que había presentado su defensa ante los contagios por COVID-19, y derivó el caso a mesa de partes para que sea visto por otra sala.
El Ministerio Público y la defensa estuvieron de acuerdo, debido que el juez había sido recusado anteriormente por la defensa técnica de Jaime Yoshiyama.

22 de abril del 2020: El coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, solicitó al Poder Judicial postergar la audiencia de apelación que presentó en febrero la defensa de Fujimori Higuchi hasta que termine el aislamiento social obligatorio. Vela Barba argumentó que ellos no asistirían a la audiencia virtual debido a que tendrían que desplazarse físicamente hasta la fiscalía para revisar los documentos del caso y presentar sus argumentos ante los jueces, pero por el aislamiento obligatorio esto no podría darse porque ponía en peligro la salud.

23 de abril del 2020: El día de la audiencia, la sala de apelaciones presidida por la Dra. Sonia Torres negó el pedido del Ministerio Público y llevó a cabo la apelación sin contar con ningún representante por parte de la fiscalía, solo con la presencia de la defensa de Keiko Fujimori. Tras finalizar los alegatos dados por la Dra. Loza, la sala dejó al voto su decisión.

24 de abril del 2020: Un día después de llevarse a cabo la audiencia, Rafael Vela solicitó sea anulada y vuelva a realizarse al culminar el estado de emergencia. Dicho pedido también fue rechazado por la sala.

30 de abril del 2020: El Poder Judicial notificó a la fiscalía y a la defensa de Fujimori Higuchi que la sala decidió darle comparecencia con restricciones, con lo cual la lideresa de Fuerza Popular abandonaría el penal de mujeres.

En la resolución también indica que la investigada no debe ausentarse de la ciudad donde vive sin autorización del juez Zúñiga. Además, debe presentarse cada mes ante este magistrado para registrar su huella digital e informar sobre sus actividades, y también presentarse ante el Poder Judicial y Fiscalía cuando sea requerida, no debe comunicarse con sus coinvestigados entre ellos su esposo Mark Vito Villanella, y debe pagar 70 mil soles como caución en un plazo de cinco días.

El mismo día que la lideresa de Fuerza Popular abandonó el penal de Santa Mónica, el equipo especial presentó su primer recurso de casación contra su liberación.
El mismo día que la lideresa de Fuerza Popular abandonó el penal de Santa Mónica, el equipo especial presentó su primer recurso de casación contra su liberación. | Fuente: Andina

DEFENSA PIDE ACLARACIÓN SOBRE RESOLUCIÓN  

La abogada Giulliana Loza no ha cuestionado la decisión del tribunal, pero indicó a RPP que pedirán una aclaración sobre el impedimento de no poder comunicarse con coimputados, debido a que esto implicaría que Fujimori no podría comunicarse con su esposo, Mark Vito Villanella, quien actualmente se encuentra viviendo en la casa de su suegra Susana Higuchi a la espera de la aclaración del juez. 

4 de mayo del 2020: El mismo día que la lideresa de Fuerza Popular abandonó el penal de Santa Mónica, el equipo especial presentó su primer recurso de casación contra su liberación. Para el Ministerio Público, la apelación que presentó la investigada en febrero no debió ser admitida, porque considera que fue presentada fuera de plazo como lo indica la ley. 

15 de mayo del 2020: Fue presentada la segunda casación que va en contra de la resolución de los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Especializadas en Delitos de Crimen Organizado que revocó la prisión preventiva. 

 

PERICIAS QUE FALTAN REALIZAR PARA PRESENTAR ACUSACIÓN FISCAL

- Pericias contables del patrimonio de Mark Vito Villanella y Keiko Fujimori desde 2010 al 2019

- Pericias contables al partido Fuerza Popular del 2011 al 2016.

En comunicación con RPP, el fiscal coordinador del Caso Lava Jato, Rafael Vela, señaló que ambas diligencias se encuentran suspendidas por el estado de emergencia. Además indicó que al concluir estas pericias se tendría lista la acusación fiscal, por lo que esperan regresar lo más pronto posible para poder concluir con las investigaciones.

Hasta el momento el Ministerio Público ha investigado a 62 personas, ha recogido 391 declaraciones entre testigos e investigados, además de contar con 20 colaboradores eficaces y 37 testigos protegidos.