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La Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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El objetivo común es asegurar la vigencia de la ley por encima de intereses particulares. Y naturalmente contribuir a sancionar a los que violen la ley o quebranten la constitución.

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Una parte importante de la crisis de confianza en nuestro país tiene que ver con los disfuncionamientos del sistema judicial. La Fiscalía, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, la Procuradoría y el Tribunal Constitucional son instituciones independientes con tareas diferentes pero complementarias. El objetivo común es asegurar la vigencia de la ley por encima de intereses particulares. Y naturalmente contribuir a sancionar a los que violen la ley o quebranten la constitución. Pero hemos asistido a diversas formas de fricción que generan desconcierto, sobre todo cuando se trata de casos emblemáticos, es decir los que conciernen a las más altas autoridades del Estado. Las cinco instituciones mencionadas deben mantenerse lo más lejos posible de la política y cada uno de sus miembros debe esforzarse por tomar decisiones con prescindencia de sus opciones y simpatías. Hace pocas semanas la Fiscalía pretendía excluir a la Procuradoría de las sesiones para interrogar a la presidenta Dina Boluarte. La Junta Nacional de Justicia ha abierto investigación a la Fiscal de la Nación. De las veinte denuncias iniciales, doce han sido desestimadas, pero algunas subsisten, entre ellas probablemente una que concierne a la realidad de las tesis y los grados universitarios de la Fiscal Patricia Benavides. La Fiscalía por su parte investiga a tres miembros de la Junta Nacional de Justicia y ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial por, supuestamente, investigar temas que desconocerían la independencia de la Fiscalía. La Junta Nacional contesta que en ese caso no hubiera podido destituir a más de 250 jueces y fiscales desde su entrada en funciones. La Junta advierte sobre el riesgo de “creación de un espacio de impunidad frente al control disciplinario”. La decisión sobre la demanda competencial está en manos del Tribunal Constitucional. Solo nos queda esperar que esa decisión contribuya a la transparencia del Estado y a la lucha contra la impunidad.

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