El abogado penalista Juan José Quispe mencionó que el proyecto de ley impulsado por la parlamentaria del Bloque Magisterial, Katy Ugarte, implica que se pueda ordenar prisión preventiva y pena efectiva por el delito de perjurio.
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El jurista dijo que el proyecto busca intimidar a los trabajadores que han presentado denuncias contra los 'mochasueldos'
El abogado penalista Juan José Quispe se refirió al proyecto de ley impulsado por la parlamentaria del Bloque Magisterial, Katy Ugarte, que pretender aumentar la pena del delito de perjurio con entre seis y ocho años de prisión. Al respecto, el jurista consideró que se trata de una medida que busca intimidar a los testigos.
"Es una medida bastante intimidatoria ante los testigos y coaccionante porque el delito de perjurio se quiere tipificar cuando una persona, prestando juramento, tiene la obligación de decir la verdad de lo que conoce. Bajo ese contexto, si dice una mentira en un juicio, en un procedimiento administrativo, ante una comisión investigadora o ante un notario o un juez de paz la pena va a ser de 6 a 8 años", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
"(Esto significa que), primero, le pueden dar prisión preventiva inmediatamente; segundo, la pena sería efectiva. Este proyecto de ley mezcla tres tipos penales que ya obran en el Código Penal: el primero es el artículo 411, sobre el falso testimonio en procedimiento administrativo; otro es la falsedad en juicio, artículo 409; y el 409-A, que es la obstrucción a la justicia", agregó.
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Proyecto de ley beneficiaría a involucrados en caso 'Mochasueldos'
En otro momento, Juan José Quispe dijo que el proyecto de ley beneficiaría a los parlamentarios involucrados en el caso 'Mochasueldos', ya que se busca intimidar a los trabajadores que han presentado sus denuncias.
"Por ejemplo, en el caso de los 'mochasueldos', un trabajador dice que sí, efectivamente le han recortado el suelo. Pero entonces el congresista saca luego una declaración jurada, que le hacen firmar en blanco, donde el propio trabajador deja constancia de que voluntariamente da un porcentaje de su sueldo para actividades congresales. Entonces ahí ya uno no va a poder declarar porque hay una declaración jurada que va a contrarrestar el testimonio", manifestó.
"Este tipo penal, viniendo de quien viene, de la señora Ugarte, es básicamente para intimidar a las personas que les han atribuido delitos o hechos delictivos o situaciones que tengan que ver con la justicia en el caso de los congresistas", culminó.
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