El penalista Mario Amoretti analizó el inicio del jucio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. En tanto, el exministro de Justicia Víctor García Toma consideró que la situación de la exalcaldesa es diferente a la de otros involucrados, ya que "ella sí era una funcionaria pública" y, posteriormente, "se establecen modificaciones a los contratos vinculados".

El abogado penalista Mario Amoretti refirió que las declaraciones de José Miguel Castro, exgerente general municipal de Susana Villarán, pueden ser utilizadas en contra de la exalcaldesa de Lima en el juicio que enfrenta por los presuntos aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS.
Amoretti indicó que esta declaración, prestada bajo la firma de un aspirante a colaborar con la justicia, se considera un "instrumento público" y, por tanto, debe ser aceptada como prueba en el proceso judicial.
"Hay una sentencia de la Corte Suprema en la que señala que, habiendo prestado un aspirante a colaborar su declaración en presencia del fiscal, es un instrumento público. Y, por lo tanto, se puede debatir, se puede leer en el juicio oral y se debate", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
Además, afirmó que es esencial que el procurador solicite la lectura de este documento durante el juicio oral, dado que podría servir para determinar la responsabilidad de Villarán en los cargos de los que se le acusa.
"El hecho de que Castro haya fallecido no libera a Villarán de su responsabilidad. Lo que él declaró sigue vigente y debe ser considerado", aseveró.
Como se recuerda, los delitos imputados a Villarán incluyen el lavado de activos, los cuales, según Amoretti, deben ser examinados bajo la legislación vigente en los años en que se desarrollaron los supuestos actos ilícitos. Aunque en 2018 se instauraron nuevas regulaciones sobre aportes de campaña, argumentó que la exalcaldesa, al ser funcionaria pública, no podía recibir financiamiento, sobre todo si este estaba relacionado con beneficios otorgados como parte de su gestión.
Víctor García Toma: "El caso de Villarán es diferente y la acerca a una situación penalmente grave"
Por su parte, el exministro de Justicia, Víctor García Toma analizó la situación legal de Villarán y destacó que su caso es diferente al de otros implicados, ya que ocupaba un cargo público durante el periodo en que se otorgaron los aportes de las empresas Odebrecht y OAS.
"En el momento en que se presentó esta situación no existía el delito de receptación de fondos para campaña que no estuvieran claramente transparentados. Eso era una falta administrativa. Hoy eso es un delito. Sin embargo, su caso es bastante diferente al de las otras personas vinculadas con este tema porque ella sí era una funcionaria pública. Es decir, la percepción la hace como alcalde", aseveró.
"Y un segundo elemento que no se presenta en los otros casos es que luego de esta percepción, finalmente se establecen modificaciones a los contratos vinculados. Es un caso claramente diferente que la acerca, lamentablemente, a una situación penalmente grave", finalizó.