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por Redacción RPP
·El juez Víctor Alcocer consideró que "no se verifica el grado de intensidad necesario para afirmar que hay elementos de convicción que justifiquen una prisión preventiva".
El Poder Judicial declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva, por el plazo de 6 meses, contra Martín Vizcarra como parte del juicio que se le sigue por presuntos casos corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.
“Debe tener medidas cautelares, pero estas deben ser menos gravosas”, dijo el juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
El expresidente de la República (2018-2020) es objeto de investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, al ser acusado de recibir 2,3 millones de soles en coimas de empresas constructoras a cambio de las licitaciones para los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Alcocer señaló que "no se verifica el grado de intensidad necesario para afirmar que hay elementos de convicción que justifiquen una prisión preventiva".
Durante la audiencia, el magistrado indicó también que el exmandatario, si bien cuenta con arraigo familiar y domiciliario, "no tiene un vínculo laboral arraigado que le impida rehuir de la justicia".
El juez Alcocer recordó que, para dictar el mandato de prisión preventiva, resulta necesario un grado de sospecha grave, algo que, apuntó, la Fiscalía no acreditó.
Asimismo, consideró que, en este caso, el Ministerio Público presentó elementos "insuficientes" para concluir que hay probabilidad de fuga por parte del imputado.
El magistrado, sin embargo, dictó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por seis meses, contados a partir del 5 de julio, contra el expresidente.
Entre las reglas de conductas impuestas por el juzgado para garantizar la presencia del acusado en este proceso judicial se encuentran: la obligación de no concurrir a sedes de embajadas, como embajadas; la prohibición de comunicación con personas vinculadas a representaciones diplomáticas; y el control biométrico mensual justificación de actividades cada 30 días.
Por su parte, el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, apeló a la decisión judicial.
El requerimiento del Ministerio Público obedeció a que el impedimento de salida del país que afronta el exmandatario está próximo a vencer, por lo que Fiscalía busca que esté presente en el país para continuar el juicio oral en su contra por estos dos casos que inició en octubre de 2024.
Demanda 15 años de prisión
En lo que va del proceso judicial, el fiscal Juárez Atoche ha solicitado para Vizcarra Cornejo una pena de 15 años de pena privativa de la libertad.
Además, pidió contra Vizcarra 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y S/151 580 por concepto de días multa.
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