Marco Aurelio Carvalho, defensa legal de la primera dama, manifestó que la decisión de la Secretaría Nacional de Justicia de Brasil para suspender la cooperación jurídica internacional en casos Lava Jato sí será algo positivo para su clienta y Ollanta Humala.
El abogado de Nadine Heredia en Brasil, Marco Aurelio Carvalho, aseguró este martes que los casos de cooperación jurídica internacional "están contaminados" y por ello su defendida podría ser favorecida con el anuncio hecho por la justicia brasileña para suspender todo trabajo en conjunto con sus pares peruanos.
"Creo que en breve el proceso será archivado. Hay muchas irregularidades, (Rafael) Vela y los demás fiscales precisan explicar por qué no respetan las reglas establecidas por los tratados internacionales entre Perú y Brasil. Esto puede ceder influencia en el caso de Nadine y Humala porque todos los procesos de cooperación están contaminados... es una persecución política contra ellos", manifestó para RPP.
La defensa legal de Nadine Heredia se pronunció así luego de que ayer la Secretaría Nacional de Justicia de Brasil suspendiera la cooperación jurídica internacional en casos Lava Jato.
El medio brasileño O Globo informó que esta medida se produjo luego de que las autoridades peruanas utilizaran pruebas declaradas inválidas por la justicia brasileña.
Asilada en Brasil
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional sentenció con 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por lavado de activos, en el caso de los aportes ilícitos al Partido Nacionalista Peruano en el 2006.
Humala fue trasladado a Barbadillo para cumplir su pena; mientras que la exprimera dama se encuentra en Brasil luego de que el gobierno de Lula Da Silva le diera el asilo político.
Odebrecht reafirma que colaborará con la justicia
Por su parte, el grupo brasileño Novonor —nuevo nombre asumido por Odebrecht— reafirmó el pasado sábado que continuarán con el acuerdo de colaboración que firmó con el Estado peruano, representado por el Ministerio Público y la Procuraduría Pública.
En un comunicado, la empresa señaló que dicho acuerdo establece no solo la entrega de documentos y de testimonios de sus exejecutivos sino también la "imposibilidad de que las fuentes y medios de pruebas proporcionados voluntariamente por la compañía sean utilizados en su contra para la instrucción de procesos penales, civiles y administrativos".
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