El Pleno del Tribunal Constitucional analizará el habeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori para que se anulen las acusaciones realizadas por Fiscalía en su contra y todo lo actuado hasta la fecha en el marco de dicho proceso.
La suerte de la Lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quedó en poder del Tribunal Constitucional que este martes 27 de mayo evaluará si ordena archivar el proceso penal que se le sigue por los aportes a sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016.
En una audiencia a realizarse desde las 9:15 de la mañana en su sede ubicada en el distrito limeño de San Isidro, el máximo intérprete de nuestra Carta Magna analizará una demanda de habeas corpus que presentó la defensa legal de la excandidata presidencial para anular las imputaciones formuladas por la Fiscalía en su contra y todo lo actuado hasta la fecha dentro de este proceso penal, conocido también como el caso ‘Cócteles’.
El Pleno del Tribunal Constitucional escuchará ese día los argumentos de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.
Esta acción de habeas corpus llegó al Tribunal Constitucional el 2 de julio del 2024 tras haber sido rechazada por el Tercer Juzgado Constitucional de Lima y la Tercera Sala Constitucional de Lima, a nivel del Poder Judicial, respectivamente.
Recurso de habeas corpus
El recurso fue presentado contra el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien estuvo a cargo de control de las etapas de investigación preparatoria, intermedia y declaro procedente que sea sometida a un juicio oral por este caso.
El principal argumento del habeas corpus de la defensa legal de Keiko Fujimori es que su patrocinada ha sido investigada, procesada y acusada por hechos que no constituyen delito y producto de ello fue detenida, sometida a prisión preventiva y a una posible condena con pena privativa de su libertad.
Entre los alegatos presentados al Tribunal Constitucional se sostiene que los hechos imputados por la Fiscalía no se encontraban sancionados como una modalidad de lavado de activos en el 2011 y en abril del 2016 sino que su incorporación recién se dio con el Decreto Legislativo 1249 del 26 de noviembre del 2016.
El fiscal José Domingo Pérez Gómez pidió 30 años y 10 meses de prisión contra la Lideresa de Fuerza Popular dentro de este proceso penal.
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