Natale Amprimo: La vacancia por incapacidad moral "es un arma de salida frente a situaciones graves"

En entrevista con RPP Noticias, el abogado constitucionalista señaló que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente es "adrede subjetiva" y tiene que ser utilizada con madurez. "El bisturí sirve para curar, pero también puede servir para matar, depende de quién lo utilice", indicó.

Presentan acusación constitucional contra ministro Walter Ayala | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El abogado constitucionalista Natale Amprimo explicó que la Constitución, en su artículo 99, permite que se acuse a los ministros por cualquier delito que hayan cometido en el ejercicio de su función hasta cinco años después de haber asumido el cargo, mientras que en el caso del presidente de la República esto no ocurre porque se limita los delitos durante su mandato.

En entrevista con RPP Noticias, el especialista en derecho constitucional calificó a la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente "como cualquier acto que el Congreso considere que coloca al presidente de la República en una situación de inconducta que es incompatible con la dignidad del cargo que ostenta".

Asimismo, Amprimo recordó que la figura de la vacancia por incapacidad moral tiene más de 100 años en el Perú. Al respecto, negó que actualmente tenga un concepto distinto a cuando fue creado y precisó que esta situación se puede aplicar a otros altos funcionarios, como los magistrados del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, entre otros.

"El concepto moral no es el que podríamos trasladar hace 200 años, es el concepto que la legislación le ha dado y, además, está lo que fue objeto de interpretación, tanto en la Asamblea Constituyente, como por parte en el ejercicio propio de la Constitución (...) Es un arma de salida frente a situaciones graves que la representación política considera que inhabilitan al presidente para seguir en el cargo", opinó.

"La medida es adrede subjetiva porque es una suerte de botón rojo frente a una situación de gravedad. Lo que sucede es que tiene que estar ejercida por gente que tiene madurez en el ejercicio de la función, pero si se promueve un Parlamento donde no hay reelección, ahí tiene la situación. El bisturí sirve para curar y para sanar, pero también puede servir para matar, depende de quien la utilice. La figura de la incapacidad moral está definida en términos gaseosos justamente para ser utilizada en supuestos graves y la objetividad en cuando a la medida la da el número de votos", agregó.

Al comentar la reciente acusación constitucional contra ministro Walter Ayala, el abogado explicó que la Constitución cuenta con varios recursos para "emplazarse" a las altas autoridades, entre estas la acusación funcional contra el presidente por ciertos delitos mientras está en el cargo, así como la acusación por delitos de función y la vacancia.

La vacancia presidencial por incapacidad moral

Sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, el especialista explicó que no está relacionada con una eventual conducta delictiva del jefe de Estado y que está definida como "una sanción política que el Congreso realiza por considerar que quien tiene la más alta magistratura no ha actuado conforme la dignidad del cargo".

"No es que haya un número de situaciones que estén contempladas, sino que simplemente es una decisión política que adopta el Congreso con una mayoría calificada por considerar que la conducta del presidente no es digna del cargo que ostenta", precisó.

Amprimo también explicó que los trámites de ascensos en las Fuerzas Armadas "están regulados" y, pese a tratarse de derechos que la Constitución otorga a ciertos funcionarios, como el presidente de la República, estos "deben ser ejercidos en respeto al marco normativo y no cometiendo un abuso del derecho".

"No está en discusión la posibilidad de que el presidente cambie o no cambie al comandante general de determinada fuerza, esto no está en discusión. Lo que está en discusión es que en el proceso de ascenso se haya pretendido vulnerar el trámite ordinario y ejercer presión para que se alteren las calificaciones, eso es lo grave", apuntó.

"Tenemos que acostumbrarnos a que las altas autoridades deben entender que su comportamiento debe ser regulado, está normado, y que no es que simplemente porque están sentados en un sillón pueden hacer lo que les venga en gana", agregó.

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