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La Fiscalía está a días de firmar el acuerdo con Odebrecht. | Fuente: Composición RPP

La Fiscalía, la Procuraduría Ad Hoc y Odebrecht están a solo días de firmar el acuerdo de colaboración que marcará el norte en las investigaciones del caso de corrupción más grande que ha afectado al país en los últimos años. Sin embargo, tras la filtración del preacuerdo, diversos congresistas han salido a criticarlo, especialmente en el punto de la reparación civil.  

El preacuerdo al que ha llegado el Estado peruano con la constructora brasileña fue producto de varios meses de negociación. El fiscal Rafael Vela ha señalado que el acuerdo compromete a la empresa a entregar todo tipo de pruebas, además de la obligación de “seguir colaborando y declarando”.

A cambio, el Estado peruano, según el preacuerdo, le otorga facilidades a Odebrecht para el pago de la reparación civil, sus directivos serán exonerados de sanción penal y tendrán la posibilidad de volver a trabajar con el Estado.

Las implicancias de la 'Ley 30737' y su reglamento

El preacuerdo de colaboración entre la Fiscalía, la Procuraduría y Odebrecht tiene un marco legal que la sustenta: la Ley 30737, que fue aprobada en marzo del 2018 por el Congreso. El reglamento de la norma se publicó en mayo del mismo año.

La Ley 30737, que “asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos”, reemplazó al Decreto Urgencia 003. Durante el debate de la norma en el Parlamento, se indicó que ésta garantizaba la operatividad de las empresas investigadas, además de incentivar su participación como colaboradoras eficaces.

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que la Ley 30737 subsanó las debilidades del DU 003 y a la vez se convirtió en una “ley habilitante” para el proceso de colaboración eficaz.

“Los señores fiscales a cargo de las investigaciones pueden discrecionalmente, pero apegados a norma, otorgar determinadas concesiones en el ánimo de facilitar la información, que es lo que en el fondo persigue la Fiscalía en un proceso”, explicó a RPP.   

La decimotercera disposición de la Ley 30737 indica que el Ministerio Público puede alcanzar acuerdos de colaboración eficaz con las personas jurídicas, es decir empresas, que decidan colaborar en las investigaciones, “siempre que    permita la identificación de los involucrados en los hechos delictivos y la información alcanzada sea eficaz, corroborable y oportuna”.

“La aprobación del Acuerdo de Colaboración Eficaz por parte de los órganos judiciales, a criterio del Ministerio Público puede eximir, suspender o reducir a la persona jurídica o ente jurídico [empresa] de las consecuencias jurídicas derivadas del delito; sin que ello implique renuncia a la reparación civil que corresponda”, dice la norma.

Además, el reglamento de la Ley 30737 estableció formulas económicas para calcular la reparación civil.

El preacuerdo señala que Odebrecht accedió a pagar el monto propuesto por la Procuraduría Ad Hoc que es 610 millones de soles. Esta cifra resulta de la aplicación de la fórmula del reglamento de la Ley 30737. La reparación civil será pagada a lo largo de 15 años en 15 cuotas. La primera cuota asciende a 80 millones de soles, las siguientes diez cuotas serán de 22 millones de soles. Luego habrá dos cuotas de 75 millones de soles y las dos últimas de 80 millones de soles.

Los votos a favor 

Según el diario de debates del Congreso de la República, la Ley 30737 fue aprobada con 79 votos a favor. Las bancadas que votaron a favor fueron Fuerza Popular (42), Peruanos por el Kambio (11), Alianza para el Progreso (7), Apra (4) y congresistas no agrupados (15).

En los últimos días, legisladores han criticado el preacuerdo de colaboración, pese a que con su voto se aprobó la norma que la enmarca. Por ejemplo, Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Javier Velásquez Quesquén, así como Luz Salgado, Karina Beteta y Rosa Bartra votaron a favor.

La congresista Karina Beteta negó que haya alguna incoherencia en su posición. En conversación con RPP, dijo que la responsabilidad del acuerdo recae únicamente sobre el procurador Jorge Ramírez y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Según su versión, la ley 30737 “no ha sido aplicada en ninguno de sus términos”. Además, afirmó que “la ley no les dice [a los fiscales] que les exima [a Odebrecht] de investigación de los proyectos, donde ya la comisión Lava Jato encontró responsabilidad”.

Beteta contó que antes de la Ley 30737 no existía una norma con la cual el Ministerio Público podía firmar un convenio de colaboración eficaz con empresas. “Por eso, el Ejecutivo presentó este proyecto de ley en aras de tener un marco legal y que el Ministerio Público pueda tener la capacidad jurídica de lograr un acuerdo, pero de ninguna manera un acuerdo entreguista”, dijo.

Al respecto, el analista José Carlos Requena estimó que los fiscales y los procuradores han actuado en el marco de las leyes que les ha dado el Congreso de la República.  

“Los congresistas que ahora se manifiestan en contra habiendo votado antes a favor […] es parte del juego político y de los recursos que tienen. Quizás es incoherente que tengan esa posición, pero son políticos y van a hacer las críticas que crean que puedan favorecer las intereses que tienen”, opinó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que se está utilizando políticamente la difusión del preacuerdo con Odebrecht y que eso podría afectar la autonomía del Ministerio Público.

“Me parece lo más coyunturalmente entendible [de] que se esté utilizando como una oportunidad de orden político. Esto es sumamente delicado porque no se está respetando la autonomía que debe tener el Ministerio Público para investigar un proceso tan complejo como es el caso Lava Jato”, sostuvo.

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La votación en el Pleno del proyecto 2408, luego promulgada Ley 30737 | Fuente: Congreso

Las críticas bajo análisis

El exprocurador anticorrupción Iván Meini consideró que el monto fijado para la reparación civil, según el preacuerdo, se ajusta a lo que pidió la Procuraduría Ad Hoc en un inicio. Respecto a las críticas referidas a la permanencia de Odebrecht en el país para que siga operando, sostuvo que si esto no ocurre se pone en riesgo el pago de la indemnización.

“Si uno lee el acuerdo preliminar, se narra que Odebrecht no está en capacidad de pagar la reparación civil, ni proveedores, ni acreedores. Por tanto, hay dos opciones: Odebrecht no sigue trabajando en el Perú con lo cual el eventual pago de reparación civil va a estar en riesgo o se le permite trabajar siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones”, indicó.

Otro punto criticado por los opositores al acuerdo es el plazo de 15 años para que Odebrecht pueda pagar los 610 millones de soles de reparación civil. Al respecto, el exprocurador Meini dijo que se debe tener en cuenta la realidad de la empresa.

“Que hubiese sido deseable que Odebrecht pague mucho más y que lo pague en un mes, claro que sí. Pero una vez más, principio de realidad: no se puede hacer así. Según el preacuerdo filtrado, Odebrecht no tiene liquides suficiente para afrontar los montos que debe. Por tanto, un cronograma de 15 años, aunque no es el escenario ideal, sí hace posible el pago de una reparación civil conforme a los estándares legales que ha aprobado el Perú”, opinó.

En otro momento, Meini cree que todavía operan en el Estado y en el sector empresarial, personajes vinculados con actos de corrupción de Odebrecht y que están preocupados por el acuerdo de colaboración que firmará la Fiscalía con la constructora.

“Me parece una hipótesis plausible entender que las reacciones que pudiesen generar en algunos sectores este acuerdo preliminar son porque sus intereses están en la otra orilla con respecto a la información que se podría obtener no solo de colaboraciones eficaces, sino de las declaraciones que los propios fiscales puedan tomar a exfuncionarios y funcionarios de Odebrecht cuando sean requeridos”, dijo.