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Pedro Castillo apeló al fallo que rechazó su pedido para ser excluido de investigación de la Fiscalía de la Nación

La defensa del mandatario apeló a la resolución de la Corte Suprema.
La defensa del mandatario apeló a la resolución de la Corte Suprema. | Fuente: Presidencia de la República

La defensa del presidente Pedro Castillo presentó dicho recurso para expresar su disconformidad con el fallo que declaró infundada su tutela de derechos para anular su inclusión en la investigación fiscal por el caso ‘Provías Descentralizado-Puente Tarata’.

El presidente de la República, Pedro Castillo, apeló a la resolución judicial que rechazó su pedido para ser excluido de la investigación preliminar que realiza la Fiscalía de la Nación por el caso ‘Provías Descentralizado-Puente Tarata’.

Mediante dicho recurso presentado por su abogado Benji Espinoza, el mandatario expresó su disconformidad con el fallo del juez supremo Juan Carlos Chekley Soria, quien declaró infundada la tutela de derechos que interpusieron para anular la disposición fiscal donde se ordena su incorporación en esta investigación preliminar.

En la apelación se solicita que se revoque la resolución y se declare fundada la tutela de derechos al considerar que el juez se equivocó cuando analizó la interpretación del artículo 117 de la Constitución referido a la inmunidad presidencial.

Asimismo, señala que la Fiscalía de la Nación, al investigar al mandatario viola el procedimiento establecido por legislación constitucional y afecta la seguridad jurídica haciendo impredecible la actuación de los poderes públicos.

Procedimiento

Si dicha apelación es declarada “consentida” por el juez Chekley Soria, será remitida a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que dicho recurso sea evaluado en una audiencia virtual que se programará con la participación de las partes involucradas para emitirse una decisión final al respecto.

El presidente Pedro Castillo es investigado en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en perjuicio del Estado a raíz de dicho caso en el que también están involucrados el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva y un grupo congresistas de la bancada de Acción Popular.

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