por Redacción RPP
·En RPP, los especialistas José Trelles y Andy Carrión analizaron la nueva denuncia que compromete al presidente José Jerí y remarcaron que el caso podría constituir no solo una falta ética.
Una investigación periodística denunció presuntas irregularidades en reuniones entre el presidente de la República, José Jerí, y un grupo de jóvenes profesionales que, días después de dichos encuentros en Palacio de Gobierno, fueron contratadas con diversas entidades del Estado.
El reportaje, difundido por el programa Cuarto Poder, identificó al menos a cinco mujeres, de entre 29 y 38 años, cuyas visitas a la sede del Ejecutivo quedaron oficialmente registradas. Se trata de Ledy Guadalupe Vela Ramírez, Rubiel Cristina Beraun Rojas, Violeta Emperatriz Beas Otero, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Alexandra Camargo Leiva
Al respecto, el abogado especialista en contrataciones del Estado, José Trelles, cuestionó la pertinencia de estos encuentros y señaló que, conforme a la normativa vigente, el presidente de la República no debe intervenir en procesos de contratación pública.
“En cualquier contratación, [los procedimientos] no deberían pasar por la Presidencia, sino por las áreas administrativas u órganos de línea correspondientes”, afirmó durante una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV.
Trelles explicó que el “patrón” identificado en la investigación periodística “resulta irregular” y detalló que un funcionario de alto nivel podría reunirse con profesionales únicamente cuando se trata de cargos de alta dirección o de experticia especializada, lo que —sostuvo— no ocurre en cuatro de los cinco casos analizados. “Son contrataciones que se refieren a seguimiento, monitoreo y evaluación de comunicaciones, [funciones] que claramente no tienen que requerir la atención de un presidente por más de cuatro horas”, precisó.
Asimismo, el abogado recordó que José Jerí debe regirse estrictamente por el Código de Ética de la Función Pública, el cual prohíbe realizar actos que puedan suponer una ventaja indebida para terceros.
“No se cuestiona solamente su participación [en las reuniones], sino la pertinencia, porque el funcionario debe cumplir con un código de ética”, indicó Trelles.
En ese sentido, advirtió que los vínculos evidenciados podrían haber favorecido a determinadas personas en la obtención de contratos a los que, de otro modo, no habrían accedido.
“El presidente está para reunirse con altos dignatarios, con funcionarios representantes de otros países, y no para ver temas administrativos de locaciones de servicios de 3 000 o 6 000 soles”, concluyó.
Piden una investigación fiscal
Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión señaló que, si bien una reunión en sí misma no constituye un delito, la situación podría ameritar el inicio de una investigación penal “si se recaban algunos indicios adicionales” que apunten a un favorecimiento indebido en contrataciones públicas.
Carrión recordó el precedente del extitular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien fue investigado por presuntamente favorecer a una persona con la que mantenía una relación sentimental. Según explicó, para abrir una investigación no es necesario contar con todos los elementos probatorios desde un inicio, ya que estos pueden obtenerse durante el proceso de indagación.
“La sola reunión no implica la comisión de un delito, pero [si tuvo como finalidad] direccionar algún tipo de contratación puede constituir delitos como el nombramiento ilegal o aceptación ilegal del cargo y la colusión”, precisó el abogado.
En palabras del penalista, uno de los elementos que refuerza las sospechas es que al menos una de las personas involucradas mantenía una relación amical previa con el mandatario e incluso estuvo presente en uno de los balcones durante la juramentación presidencial en el Congreso de la República.
“Son estos indicios que podrían constituir, por ejemplo, el pactar ilícitamente para favorecer a alguien. ¿Por qué estas personas sí obtuvieron esa contratación con el Estado y no otras? ¿Por qué tuvieron el privilegio de entrevistarse con el presidente de la República y de esa manera obtener algún contrato con el Estado? No los diferencia mucho de los otros delitos de colusión en los cuales un funcionario pacta ilícitamente con un tercero para verse precisamente favorecido con una contratación con el Estado”, dijo.
Andy Carrión indicó que toda contratación con el Estado debe realizarse bajo criterios de meritocracia y transparencia.
Asimismo, aclaró que, aunque el Tribunal Constitucional ha establecido límites a las investigaciones contra un presidente en ejercicio, estos no impiden la apertura de diligencias ante la existencia de una sospecha inicial.
“Si bien es cierto el Tribunal Constitucional ha impuesto límites para la investigación a un presidente en el ejercicio de sus funciones, no ha puesto ningún límite acerca de que, si se identifica un hecho irregular o un hecho ilícito, al menos a nivel de sospecha inicial simple, se reabra una investigación. La única limitación que ha puesto es que no se realice de manera exhaustiva, no se trasgredan derechos fundamentales, pero nunca ha dicho que no se debe abrir investigaciones a un presidente”, añadió.
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