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por Julio Cisneros
·La Fiscalía solicita 35 años de prisión en contra del exmandatario por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del Estado peruano, además de una reparación civil superior a 46 millones de dólares.
El Poder Judicial autorizó el inicio de un juicio oral contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el caso Westfield Capital vinculado con Odebrecht.
El juez Jorge Chávez Tamariz emitió una resolución de más de 2 000 hojas este lunes 1 de setiembre en la que dispone el enjuiciamiento del exmandatario y su entonces socio, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda por este caso.
El magistrado dispuso que todo lo actuado sea remitido a un juzgado penal colegiado nacional a fin de que fije fecha y hora para el inicio del correspondiente juicio oral contra el exjefe de estado como parte de este proceso penal.
El fiscal José Domingo Pérez Gómez pidió 35 años de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al acusarlo por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del Estado solicitando también similar pena de cárcel para el empresario chileno Gerardo Sepúlveda.
El magistrado atribuye al exmandatario la conformación de una presunta organización criminal que recibió más de 12 millones de dólares de la constructora brasilera Odebrecht y otras, a través de consultorías y asesorías encubiertas, sobre el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur tramos dos y tres, el proyecto de Irrigación Olmos, Rutas de Lima y otros durante el periodo que Kuczynski se desempeñó como alto funcionario del gobierno del expresidente Alejandro Toledo.
El fiscal Pérez Gómez también incluyó en su acusación en su condición de “personas jurídicas” a las empresas: Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada y Latin América Enterprise Managener LLC, para las cuales demandó la prohibición de realizar a futuro actividades relacionadas al delito cometido con carácter de definitivo y la empresa Dorado Asset Management Company para la cual solicitó su disolución y liquidación.
En tanto, la Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato pidió una reparación civil a favor del Estado peruano que asciende a US$ 46 682,264.96 (cuarenta y seis millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro con 96/100 dólares americanos).
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