por Julio Cisneros
·Si se acepta este requerimiento, Procuraduría quedará habilitada para solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del país que se pueda imponer a los investigados si es que son hallados responsables del cargo de abuso de autoridad que les atribuye Fiscalía.
El Poder Judicial evaluará el lunes 17 de noviembre el pedido de la Procuraduría General del Estado para ser incorporada como actor civil o parte agraviada en la investigación preparatoria seguida al expresidente Francisco Sagasti y a los exministros del Interior, Rubén Vargas y José Elice, por el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional en noviembre del 2020.
En una audiencia virtual a realizarse desde las 09:30 de la mañana, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley analizará la solicitud que hizo la defensa legal de estado peruano para constituirse como actor civil o parte agraviada y escuchará también los argumentos de los abogados de los investigados a fin de poder emitir una decisión al respecto en los próximos días.
El magistrado programó está audiencia virtual en atención a que la defensa legal del expresidente Francisco Sagasti presentó un escrito, el último 27 de octubre en el que formula oposición al pedido que hizo la Procuraduría General del Estado dentro de este caso.
Si el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley acepta esta solicitud, la Procuraduría General del Estado quedará habilitada para solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor de nuestro país que se le pueda imponer a los investigados en caso sean hallados responsables del cargo de abuso de autoridad que les atribuye la Fiscalía en este proceso penal.
Investigación
El Ministerio Público inició está investigación preparatoria luego que, en abril último, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra el expresidente Francisco Sagasti y sus exministros del Interior, Rubén Vargas y José Elice, por presunto abuso de autoridad por el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional en noviembre del 2020.
No obstante, la representación nacional no alcanzo los votos necesarios para aprobar el proyecto de resolución legislativa que planteaba la inhabilitación de Francisco Sagasti por 10 años para el ejercicio de la función pública por presunta infracción constitucional, a raíz de este caso.
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