El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada remarcó la necesidad de que las operadoras móviles cuenten con un protocolo de prevención para frenar el comercio indiscriminado de chips en las calles, pues, de lo contrario, "van a tener que responder penalmente".
El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, remarcó la necesidad de regular la venta irregular de chips en las calles y consideró que las empresas de telefonía podrían tener responsabilidad penal si no abordan esta problemática.
En diálogo con RPP, Chávez Cotrina señaló que las compañías, para no cargar con esta responsabilidad, deben contar con un protocolo de prevención de venta indiscriminada de estos aparatos, solicitud alcanzada durante una reciente reunión con los responsables de estas empresas en el Ministerio del Interior.
"Lamentablemente, las empresas de teléfonos, todas, venden los chips como si fueran caramelos y eso es gravísimo", dijo Chávez, recordando el caso del docente del penal de Socabaya, en Arequipa, que intentó ingresar 55 chips escondidos en un reloj de mano.
"¿Dónde los compró? O sea, ¿usted va a cualquier sitio y compra chips y las empresas no se responsabilizan por eso? Yo creo que aquí también, dentro de esta estrategia, se tiene que llamar a las empresas y decirles 'oigan, tengan cuidado', porque las empresas tienen que también ser responsables, no solamente civil, sino también penalmente por estos temas", manifestó.
"Para que no tengan responsabilidades penales, deben tener un protocolo de prevención. Si ustedes no lo tienen, entonces van a tener que responder penalmente. No es justo que estemos todos los días viendo cómo a través de los celulares nos estén amenazando o extorsionando. Y cambian un chip, no puede ser que una persona tenga 100 chips, eso es inimaginable", añadió.
Este martes, en el diario oficial El Peruano, se publicó el decreto supremo que aprueba disposiciones adicionales sobre la modificatoria de la Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal. Así, se dispone que el Osiptel brindará a la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial el acceso en línea a la información sobre el proceso de venta, contratación y activación de los servicios públicos móviles reportados por las empresas de telefonía.
Dicha información incluye la trazabilidad de los procesos señalados, la ruta del chip y la identificación de todos aquellos que participaron en cada secuencia del proceso. El fiscal Chávez Cotrina aplaudió esta disposición, al considerar que se debe frenar la venta ambulatoria de chips, lo que ha convertido a los teléfonos celulares "en un arma" para las organizaciones criminales.
"Es una norma que felicitamos valientemente porque hay muchos intereses de por medio, pero creo que no podemos seguir en manos de la criminalidad y si hay que tomar medidas tan durezas, hay que tomarlas", sostuvo.
"[¿Qué intereses?] Económicos, porque lamentablemente esta venta de chips es alguien que está ganando muchísimo dinero en forma ambulatoria. Entonces, obviamente, al salir estas normas le van a quitar un gran negocio", agregó.
Nuevas fiscalías especializadas
En otro momento, detalló que, en el marco de la actualización de las disposiciones del estado de emergencia para luchar contra la criminalidad, se crearán nuevas unidades fiscales especializadas en bandas criminales en Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo y Sullana.
"Estas fiscalías van a ser dirigidas por un fiscal superior, también especializado en banda, que va a llevar los temas en segunda instancia. En este momento estamos esperando que se reglamente la norma, ha dado 30 días para que den el presupuesto. Ya nuestro fiscal de la Nación y la Junta de Fiscales tienen el documento con todos los presupuestos que va a costar esta implementación y debe tener un presupuesto para que se mantenga en el tiempo", sostuvo.
Asimismo, apuntó la necesidad de crear una comisión que involucre a representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerios del Interior, Justicia, y el Congreso de la República para evaluar los recientes paquetes normativos, a fin de mejorar y fortalecer las regulaciones vigentes.
En ese sentido, insistió en la revisión de la Ley de Extinción de Dominio, pues debido a la actual disposición, promulgada en mayo por el Gobierno de Dina Boluarte, el proceso "se ha convertido en una mínima expresión".
"Hay que esperar tres, cuatro años (para una sentencia). En ese lapso, obviamente, los delincuentes van a tener el tiempo suficiente para deshacerse de sus bienes. Entonces, yo creo que esa norma tiene que ser revisada inmediatamente", refirió.