El juzgado determinó que el peligro de fuga de Betssy Chávez es “palpable” por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales.
El Poder Judicial (PJ) revocó la comparecencia con restricciones de Betssy Chávez e impuso cinco meses de prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima, por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
En su resolución, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria argumentó su decisión al señalar que desde el 20 de octubre la investigada no cumplió con la marcación del registro biométrico, programado cada siete días, y además no concurrió a las citaciones judiciales que afronta junto al expresidente Pedro Castillo.
“Posterior a dicho control existe un evidente incumplimiento de la acusada Chávez Chino respecto a la restricción impuesta en su contra, control biométrico cada siete días…”, se lee en documento judicial.
RPP accedió a la resolución emitida por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria. Fuente: RPP
El magistrado determinó que el peligro de fuga es “palpable” y el riesgo de “frustración” del juicio oral, por lo que determinó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.
“En mérito a ello, corresponde que la medida impuesta sea revocada por la de prisión preventiva”, estableció Checkley Soria
Recientemente, el Pleno del Congreso rechazó inhabilitar por diez años a Betssy Chávez por el intento de golpe de Estado de 2022. Pero posteriormente la Comisión Permanente aprobó un segundo informe que propone apartar a la ex primera ministra de la función pública por diez años.
¿Cuál es la situación de Betssy Chávez?
Tras recuperar su libertad a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 3 de septiembre pasado, Betssy Chávez se encontraba bajo mandato de comparecencia con restricciones sujeta a reglas de conducta, como la obligación de no ausentarse de Lima sin autorización judicial, comparecer para el control biométrico y la obligación de presentarse a la autoridad judicial o fiscal.
La Fiscalía solicita 25 años de prisión contra Betssy Chávez, así como su inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer cargo público al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.
Actualmente, Betssy Chávez se encuentra asilada en la Residencia de la Embajada de México en Lima, donde ingresó el pasado 2 de noviembre. Ello ameritó que el canciller Hugo de Zela anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con el país norteamericano.
Desde entonces se solicitó el salvoconducto para que Chávez viaje a México; sin embargo, el Gobierno anunció que demorará la consideración de otorgar dicho documento de tránsito para consultar a los países del Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre los alcances de la Convención de Caracas.