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El presidente de la Corte Superior Nacional, Hans Contreras Cuzcano, indicó que la Ley 32130, promulgada en octubre del año pasado, permite que la defensa impugne los autos de enjuiciamiento, lo cual retrasaría los procesos penales en curso.
Una norma impulsada por el Congreso y promulgada el año pasado podría hacer que más de 100 casos penales por crimen organizado y corrupción de funcionarios retrasen su pase a la etapa de juicio oral. Así lo advirtió Hans Contreras Cuzcano, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia (CSN).
Se trata de la Ley 32130, oficializada el pasado mes de octubre, que modificó una serie de artículos del Código Procesal Penal "para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agilizar los procesos penales".
Dicha norma fue impulsada en el Parlamento por bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre y Avanza País, y supuso no solo que la PNP esté a cargo de la investigación preliminar del delito, sino que también una impugnación pueda ser "interpuesta hasta antes de la emisión del acto que pone fin a cada etapa del proceso" penal.
Más de 100 casos de crimen organizado y corrupción podrían verse afectados
El magistrado Contreras Cuzcano indicó que la Corte Superior Nacional está a cargo de "casos de mucha complejidad", que implican una serie de procesados, lo cual demanda que la judicatura dedique un tiempo considerable para cada proceso.
"Los casos, por ejemplo, llevan más de 30 o 35 procesados, 10 personas jurídicas y hechos similares que implican, no solamente el tiempo que amerita llevar a cabo estos casos, sino también la dedicación de los magistrados y de todo el personal de la corte especializada que lo llevan […] con total transparencia, siempre respetando la Constitución y la ley", sostuvo.
En ese sentido, señaló que la referida norma del Congreso permite que la defensa de los investigados pueda impugnar el auto de enjuiciamiento emitido por el juez de investigación, previo al inicio del juicio oral.
"Como todos conocemos, hasta el año pasado, antes de la dación de esta ley que ha emitido el Congreso de la República, referido específicamente a una conducta puntual que es que, a la fecha, conforme a la ley vigente, ya pueden ser impugnados los autos de enjuiciamiento que emite un juez de investigación cuando remite todo para el inicio del juicio oral al colegiado correspondiente", explicó.
"Eso implica en nuestro caso [...], de conformidad con la vigencia de la ley, un retardo, porque […] los implicados, al apelar esto, lo que hacen es poner en cuestión el auto de enjuiciamiento en sí […] e impide que el colegiado que recibe todo el expediente pueda iniciar inmediatamente el juicio oral", apuntó.
En esa línea, el presidente de la CSN precisó que más de 100 casos de organización criminal y corrupción de funcionarios estarían en riesgo de ser retrasados por esta ley.
"En nuestra corte, tenemos, aproximadamente, más de 100 casos que están en etapa intermedia […] Son casos de crimen organizado y corrupción de funcionarios, los cuales, una vez […] emitido el auto de enjuiciamiento, estos pueden ser impugnados por las partes, de acuerdo a la nueva ley que hemos señalado. Ello implicaría el procedimiento que sí tenemos, que una vez impugnado se eleva a la sala penal para su decisión y con ellos se culminaría. Pero ello implicaría una fase que antes no teníamos", resaltó.
"Anteriormente, antes de la dación de esta ley, emitido el auto de enjuiciamiento, el tribunal o el colegiado iniciaba inmediatamente: fijaba fecha para el juicio oral e iniciaba el juicio como correspondía. Ahora tenemos que puede ser apelado y eso implica que se tiene que resolver primero esa apelación, como corresponde, y posteriormente continuar con el juicio que se inicia. [Esto] implica un tiempo que va a determinar que se retrase el proceso hasta el inicio del juicio oral que corresponde", añadió.
No obstante, el magistrado resaltó que el Poder Judicial cumplirá con la norma del Congreso en cada caso que corresponda.
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