Mauricio Mulder, propulsor de la norma, y Gilbert Violenta, representante de la parte demandante, sustentaron sus posiciones ante el pleno del ente rector.
El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda de inconstitucional presentada contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, la llamada Ley Mulder, en alusión a su principal propulsor.
El aprista Mauricio Mulder y el congresista Gilbert Violeta -representante de la parte demandante- sustentaron sus posiciones ante el pleno del TC, que ahora deberá tomar una decisión sobre esta polémica norma.
En su alocución, el oficialista aseguró que la Ley Mulder es la “materialización” de las amenazas del expresidente del Congreso Luis Galarreta, quien en unas cuestionadas declaraciones habló de “medios mermeleros”, según el corresponsal de RPP Noticias en Arequipa, donde se realizó la sesión.
Además, dijo que la aplicación de la norma ha limitado el acceso a la información a un gran sector de la población y ha impedido a distintas carteras promover distintas campañas relacionadas a la salud, la educación y los programas sociales.
En tanto, Mauricio Mulder cuestionó que el Gobierno no haya invertido dinero en ampliar las redes móviles en todo el país en vez de seguir apelando a la publicidad en los medios de comunicación.
Según su posición, el Estado “no está para solventar empresas privadas” y denunció que algunos medios someten su línea editorial al pago de publicidad estatal, aseguró nuestro corresponsal.
Los integrantes del TC han solicitado a ambas partes los documentos que sustenten sus posiciones.
La ley en debate
El Pleno del TC sesionó en Arequipa para ver en audiencia pública dos conflictos de competencia y nueve procesos de inconstitucionalidad, entre ellos, el referido a la ley contra la publicidad estatal en medios privados.
El TC había resuelto acumular las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la llamada Ley Mulder, a fin de continuar su trámite en un mismo proceso. Se trata de las demandas interpuestas por un grupo de congresistas y por el Poder Ejecutivo. En opinión del TC, ambas demandas contienen argumentos similares que las sustentan, por lo que debían ser acumuladas.
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