Un año después, el caso Odebrecht sigue sacudiendo la política peruana

21 de diciembre de 2016. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht reveló que pagó US$ 788 millones en coimas a funcionarios en 12 países de América Latina y África. En el Perú, fueron US$ 29 millones para ganar la licitación de obras públicas entre 2004 y 2015, periodo que abarca los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16). Un año después, el escándalo ha provocado órdenes de prisión contra expresidentes, exgobernadores y exfuncionarios presos, investigaciones a líderes políticos y un proceso de vacancia presidencial que se debatirá este jueves, exactamente un año después.

El origen del caso

Odebrecht es una de las empresas implicadas en el caso Lava Jato. Esta es una operación que comenzó en junio de 2013 en Brasil y que le permitió a la Policía desmantelar una red de sobornos montada por las constructoras más importantes del país, que utilizaban para ganar las principales licitaciones públicas. Estas mismas empresas replicaron ese modus operandi en el resto de países de América Latina, pero también en Suiza y Angola.

En el Perú, el hombre clave del caso es Jorge Barata. Este empresario brasileño trabajó como director de Odebrecht en el país por casi 20 años y conoce el destino de gran parte de las coimas. Hoy es colaborador eficaz de la Justicia de Brasil a cambio de una reducción de su condena. También tiene un acuerdo con el Ministerio Público peruano para contar todo lo que sabe.

Los expresidentes

Barata dijo que le pagó 20 millones de dólares a Alejandro Toledo a cambio de la concesión de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica. El expresidente se encuentra prófugo y vive en Estados Unidos.

Otra persona importante en el caso es Marcelo Odebrecht. El antiguo CEO de la empresa fundada por su abuelo dijo que le dio 3 millones de dólares a Nadine Heredia para financiar en 2011 la campaña electoral de su esposo, el candidato nacionalista Ollanta Humana, quien terminó ganando la presidencia. Ambos se encuentran presos de manera preventiva mientras continúan las investigaciones.

Más funcionarios

En abril, las investigaciones apuntaron al gobernador regional del Callao, Félix Moreno. La Fiscalía lo acusó de haber recibido cerca de 3 millones de dólares de coima para otorgarle a la constructora el proyecto de la Costa Verde, aún hoy en ejecución. Moreno fue arrestado en junio, pero pocos después fue puesto en libertad.

Sin embargo, los primeros detenidos por el caso Odebrecht en Perú fueron dos funcionarios de rango medio: Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones durante el Gobierno de García; y Edwin Luyo, antiguo miembro del Comité para la Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima en la misma gestión. Ambos fueron acusados de recibir coimas a cambio de concesionar la obra. Los principales funcionarios apristas han dicho que no tenían conocimiento de esto. No son los únicos detenidos ni investigados.

Lluvia de millones

Entre 2005 y 2014, el Gobierno Central, gobiernos regionales y las municipalidades le otorgaron concesiones de obras a la constructora brasileña que sumaron US$ 12,534 millones. La de mayor valor fue el Gasoducto Sur Peruano, que inició el 2014 durante el Gobierno de Humala. Se trató de un contrato de US$ 7,239 millones.

Odebrecht opera en el Perú desde 1979 y actualmente sigue involucrado con cinco grandes obras: el Gasoducto Sur Peruano, la Vía de Evitamiento de Cusco, Vías Nuevas de Lima (conjunto de Obras en la Panamericana Norte, Sur y en la Ramiro Prialé), Vía Costa Verde (tramo Callao). La constructora brasileña se encuentra negociando con otras empresas para vender parte de sus operaciones, pero también busca un acuerdo para mantenerse activa en el país.

Los socios peruanos

Cuatro empresas peruanas se asociaron con Odebrecht para la ejecución de cinco megaproyectos: Graña y Montero (Interoceánica Sur y Norte, Metro de Lima y Gaseoducto Sur), JJC Contratistas Generales (Interoceánica Sur), ICCGSA(Interoceánica Sur) y Compañía San Martín (Interceptor Norte).

Todas estas empresas han dicho que no conocían las operaciones ilícitas de la constructora brasileña y que no sabían del supuesto pago de coimas a funcionarios, presidentes y candidatos. El domingo 3 de diciembre, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva para:

José Alejandro Graña Miró Quesada, ex presidente del director de G&M; Hernando Alejandro Graña Acuña, exdirector de G&M; José Fernando Castillo Dibós, director general de ICCGSA y Fernando Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJC Contratistas Generales S.A.

Gonzalo Ferraro Rey, ex presidente del área de infraestructura de G&M, tendrá arresto domiciliario en la Clínica Angloamericana luego de que su defensa demostró que se encuentra internado y próximo a una operación para extirparle un tumor cancerígeno.

La Fiscalía sospecha que estos cinco empresarios financiaron parte de la coima que supuestamente Odebrecht le pagó al expresidente Alejandro Toledo para obtener la licitación de la Interoceánica usando el concepto de "riesgos adicionales". Además, según Concepcón Carhuancho, existe la probabilidad de que los cinco conocieran las operaciones de la empresa brasileña para lavar dinero.

El escándalo llega a Palacio

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue ministro de Economía de Toledo (2004-2005) y presidente del Consejo de Ministros (2005-2006), años en los que Odebrecht ganó la concesión de la Interoceánica Sur (tramos 2 y 3). El presidente negó en declaraciones a la prensa y en una carta enviada a la comisión Lava Jato del Congreso haber recibido dinero de la constructora para sus campañas del 2011 y 2016. También descartó cualquier vínculo laboral con ellos, aunque luego reconoció que los asesoró en el proyecto H2Olmos.

El pasado miércoles, la comisión Lava Jato difundió documentos remitidos por Odebrecht que revelan pagos por US$ 782 mil a Westfield Capital, empresa de Kuczynski, por consultorías entre 2004 y 2007 en los proyectos Olmos e Interoceánica Norte (tramos 2 y 3). PPK aseguró que los contratos fueron gestionados por su socio chileno Gerardo Sepúlveda -versón ratificada por él y la constructora- y que recién se enteró de ellos la semana pasada. Sin embargo, el Congreso presentó una moción de vacancia por incapacidad moral en su contra que se debatirá este jueves 21, en el primer aniversario del estallido del caso Odebrecht en el Perú.

Mas investigados

- La Policía de Brasil encontró las iniciales A.G. en las agendas incautas a Marcelo Odebrecht. Según el mismo medio, este reveló que en algunos casos se refiere a Alan García y en otros a la constructora Andradre Gutierrez. Sobre el expresidente aprista dijo que tiene la seguridad de haber financiado su campaña en 2005 y que lo contrató como conferencista al final de su Gobierno. Sobre si se le pagó coimas, dijo que solo Barata lo sabe. García ha dicho que nunca recibió dinero de la constructora brasileña y que nunca supo del pago de coimas a funcionarios de su Gobierno.

- "Aumentar keiko para 500 e eu fazer visita". Citando distintas fuentes, IDL Reporteros dijo que durante el interrogatorio, Odebrecht aclaró el significado de la famosa frase encontrada en una de sus agendas: se refiere a que puso 500 mil dólares adicionales a los que ya había pagado para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011. Sin embargo, dijo que nunca conoció a la actual lideresa de Fuerza Popular en persona y que los detalles del pago los conoce Barata. Fujimori ha dicho que jamás recibió dinero de la constructora. A inicio de dciembre, la Fiscalía allanó locales del partido fujimorista.

- Según IDL Reporteros, Barata dijo que Odebrecht y OAS financiaron con 3 millones de dólares la campaña de la entonces alcaldeza Susana Villarán para evitar su revocatoria en el proceso de 2013. Ambas empresas tenían entonces negocios con la Municipalidad de Lima. Villarán ha dicho que nunca recibió dinero de las constructoras brasileñas y que no las favoreció indebidamente en ningún contrato firmado con ellas. La Fiscalía le abrió una investigación preliminar y el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país.