Marisa Glave (izquierda) fue regidora durante la gestión de Susana Villarán (derecha).
Marisa Glave (izquierda) fue regidora durante la gestión de Susana Villarán (derecha). | Fuente: Andina

José Miguel Castro fue gerente municipal durante la gestión de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, un cargo de alta confianza. Hoy es aspirante a colaborador eficaz ante la Fiscalía en el caso de los presuntos aportes de constructoras brasileñas vinculadas al caso Lava Jato y sus recientes declaraciones ante el Equipo Especial Lava Jato han sido la llave para que se abra una investigación preliminar a otros exfuncionarios y figuras vinculadas a esa gestión municipal.

Susana Villarán y José Miguel Castro cumplían prisión preventiva por este caso desde mayo del 2019, pero salieron de prisión en medio del estado de emergencia por el nuevo coronavirus. En el caso de la exalcaldesa, su salida estuvo vinculada al riesgo de que contraiga la COVID-19 en su reclusión, pero la liberación del exgerente municipal tuvo otro ingrediente: según reveló el Equipo Especial, se había convertido en aspirante a colaborador eficaz y había renunciado a la reserva de su identidad.

Las primeras revelaciones de José Miguel Castro en este nuevo rol estuvieron relacionadas al proyecto Rutas de Lima e implicaron al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el empresario Gerardo Sepúlveda, ya investigados en el caso Westfield por el fiscal José Domingo Pérez. Pero sus revelaciones sobre el destino de los US$ 7.2 millones de dólares que –según propia confesión- Odebrecht, OAS y Graña y Montero dieron a la campaña para que Susana Villarán no sea revocada son las que han traído más consecuencias. Al menos por ahora.

Parte resolutiva de la disposición fiscal que abre investigación a Glave, Townsend, Nieto, Salinas, entre otros.
Parte resolutiva de la disposición fiscal que abre investigación a Glave, Townsend, Nieto, Salinas, entre otros.

El destino del dinero de OAS y Odebrecht

RPP Noticias tuvo acceso a la disposición de este lunes 13 de julio con la que el fiscal Carlos Puma, a cargo del caso de Susana Villarán, abre una investigación preliminar por 80 días a la exjefa de campaña del No a la Revocatoria, Anel Townsend, a las exregidoras villaranistas Marisa Glave y Zoila Reátegui, al regidor opositor Jaime Salinas, a los exdirectivos de OAS Augusto Cesar Ferreira y Valfredo de Assis Ribeiro, al exministro Jorge Nieto Montesinos y a Carlos Enrique Juscamaita. Las indagaciones, consideradas “de naturaleza compleja”, son por los presuntos delitos de cohecho (soborno), lavado de activos y asociación ilícita.

La resolución da cuenta de que la apertura de la investigación está vinculada a las declaraciones de José Miguel Castro. El pasado 22 de junio, el aspirante a colaborador eficaz 185-2020 detalló que los 7.2 millones de dólares que financiaron el No a la Revocatoria provinieron de: US$ 4 millones de OAS, US$ 3 millones de Odebrecht y US$ 200 mil de Graña y Montero.

Según esta declaración, US$ 3 millones (2 millones de OAS y 1 millón de Odebrecht) de este monto se pagaron en Brasil al publicista Valdemir Garreta. Entre 2.2 y 2.5 millones fueron pagados por OAS a través de contratos ficticios en Ecuador, Colombia y Uruguay a la empresa publicitaria Ogilvy. Finalmente, de acuerdo al colaborador eficaz, los gastos de campaña en Perú fueron de US$ 1.45 millones y se pagaron en efectivo.

Detalle de las constructoras -todas vinculadas al caso Lava Jato- que financiaron la campaña del No a la Revocatoria, según el colaborador eficaz.
Detalle de las constructoras -todas vinculadas al caso Lava Jato- que financiaron la campaña del No a la Revocatoria, según el colaborador eficaz.

Los implicados en Perú

El fiscal, en base a las declaraciones del aspirante a colaborador, resume así el presunto destino del dinero de Odebrecht y OAS en el Perú:

- US$ 120 mil habrían sido pagados por Luis Gómez Cornejo (señalado como tesorero de la campaña) a Orlando de la Flor, gerente general de Visionaria SAC.

- US$ 120 mil habrían sido pagados por Luis Gómez Cornejo a Jaime Salinas, regidor de la Municipalidad de Lima.

- US$ 20 mil habrían sido pagados por Luis Gómez Cornejo a Anel Townsend como jefa de la campaña del No a la Revocatoria.

- US$ 20 mil habrían sido pagados por Luis Gómez Cornejo a Marisa Glave y Zoila Reátegui, regidoras de la Municipalidad de Lima.

- US$ 129 mil habrían sido pagados por Valfredo de Assis Ribeiro, exejecutivo de OAS, a Jorge Nieto Montesinos por asesorías a Susana Villarán.

- US$ 300 mil habrían sido pagados por Luis Gómez Cornejo en beneficio de un local partidario de Susana Villarán en Jesús María.

Gastos de la campaña del No a la Revocatoria en Perú con sus respectivos destinatorias, según el colaborador eficaz y lo que recoge la Fiscalía. Figuran Townsend, Glave, Nieto y Salinas, entre otros.
Gastos de la campaña del No a la Revocatoria en Perú con sus respectivos destinatorias, según el colaborador eficaz y lo que recoge la Fiscalía. Figuran Townsend, Glave, Nieto y Salinas, entre otros.

- De US$ 30 a US$ 40 mil habrían sido pagados por Odebrecht a Giovanna Peñaflor de la empresa Imasen por servicios de estudio de mercado.

- De US$ 80 a US$ 110 mil habrían sido pagados por Luis Gómez Cornejo a Giovanna Peñaflor por los mismos motivos.

- US$ 200 mil habrían sido pagados por Odebrecht a Pedro Arbulú Seminario

US$ 100 mil habrían sido pagados por Luis Gómez Cornejo a Oscar Vidaurreta, directivo de la empresa publicitaria Ogilvy, para panales publicitarios.

US$ 250 mil habrían sido pagados por Luis Gómez Cornejo (OAS) a Carlos Enrique Juscamaita para el pago de personeros locales y movilidad.

Las explicaciones de Castro

El diario El Comercio publicó este martes extractos de la declaración de José Miguel Castro como aspirante a colaborador eficaz, en las que da detalles sobre estos supuestos. Según dijo, Anel Townsend recibió US$ 20 mil en dos armadas: una primera de 10 mil para sus gastos de movilidad y para compensar gastos de publicidad y otros 10 mil luego de la campaña como  un “bono de éxito”.

Anel Townsend durante el cierre de la campaña del No a la Revocatoria.
Anel Townsend durante el cierre de la campaña del No a la Revocatoria. | Fuente: Andina

Acerca de la supuesta entrega de dinero a las regidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui, que fueron revocadas en ese proceso, declaró que “ambas visitaron entre seis y ocho veces la oficina de la Gerencia Municipal para coordinar acciones de cierre de campaña. Ambas se encargaron de contratar la producción, movilidad y estrados”. Fue para estos gastos que –siempre según su versión- autorizó a Gómez Cornejo para que les dé 60 mil soles y este le confirmó que el dinero fue entregado.

Sobre Jorge Nieto, José Miguel Castro dijo que OAS le pagó 60 mil dólares por una deuda que Susana Villarán tenía con él por asesorías políticas que le brindó por “varios periodos” en 2011 y 2012, indicando que tanto la exalcaldesa como el exejecutivo de OAS Valfredo de Assis le confirmaron las entregas de dinero. Agregó que las asesorías continuaron en el 2013 con pagos mensuales “en efectivo a través de OAS” de 10 mil dólares entre mayo y noviembre de ese año.

Acerca de Jaime Salinas, quien llegó a la Municipalidad de Lima con el Partido Popular Cristiano (PPC) y fue opositor a la gestión de Susana Villarán, Castro dijo que se le pagaron US$ 120 mil en cuatro partes, de aproximadamente 30 mil dólares cada una. Las entregas fueron porque el entonces regidor “se arrogó el apoyo político del PPC durante la campaña del No”, según el aspirante a colaborado eficaz. Finalmente, según recoge el mismo diario, los gastos para el local de campaña fueron para alquilarlo e implementarlo, incluso con un departamento para la entonces alcaldesa.

En diálogo con RPP, Jorge Nieto negó lo dicho por José Miguel Castro

Sospecha simple

Con todo esto, el fiscal Carlos Puma refiere en su disposición que existe la “necesidad de realizar diligencias preliminares” debido a que las declaraciones del aspirante a colaborador “se corroboran en parte con los avances” de la carpeta fiscal 30-2017, es decir, con la investigación preparatoria a Susana Villarán por los aportes de Odebrecht y OAS. A esto se suma que los implicados (Glave, Townsend, Nieto, Salinas, etc.) no están en aquella carpeta fiscal y que al existir una “sospecha simple” contra ellos, se puede iniciar una investigación preliminar.

Acerca del plazo de esta investigación, el fiscal explica que “es de considerar que en este caso el plazo inicial de las diligencias preliminares podrá ser, en principio, de ocho meses, pues demandará nutridos actos de investigación”. También se señala que “involucra una cantidad de cantidad importante de investigados” y que la información que se recopile deberá ser procesa y analizada en otras diligencias, lo que “demanda un plazo mayor que el ordinario”.

Al final de estos ochos meses, deberá “expedirse la disposición fiscal que corresponda”: un archivamiento o una formalización de investigación preparatoria.