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por Redacción RPP
·Percy García, abogado acreditado en el caso Cócteles, advierte que si el Tribunal Constitucional no archiva la investigación contra Keiko Fujimori, el proceso por presunto lavado de activos podría extenderse varios años más, en un caso que lleva una década en curso.
El Tribunal Constitucional (TC) realizó este miércoles una audiencia en la que se debatieron los argumentos sobre la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, para archivar el caso Cócteles, a través del cual la Fiscalía acusa de presuntos aportes ilegales en las campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Percy García, abogado acreditado en el caso, explicó la posición del equipo legal de la excandidata presidencial en el programa Prueba de Fuego de RPP.
El letrado sostuvo que el argumento central de la defensa de Keiko Fujimori apunta a una "infracción al principio de legalidad". Al respecto, señaló que "la Constitución establece que ninguna persona puede ser procesada ni condenada por un hecho que no sea de delito al momento en que supuestamente fue cometido".
En ese sentido, indicó que, en 2011 y 2016, recibir activos de origen supuestamente ilícito no constituía delito de lavado de activos bajo la legislación peruana de la época.
“El único lavado de activos que se castigaba en ese momento era el proceso que busca dar apariencia de legalidad a los activos para reintegrárselo a los delincuentes”, afirmó.
García argumentó que los fondos recibidos por Fujimori, según la fiscalía provenientes de empresas como Odebrecht, el grupo Romero, Confiep o Rasmus, no pasaron por un proceso de “ensombrecimiento” ni “reintegración”, elementos necesarios para configurar el delito de lavado de activos.
“Lo que se hizo fue utilizar ese dinero en gastos de campaña”, señaló, negando actos de conversión, como la compra de bienes para ocultar el origen ilícito.
García dijo que otro punto clave en el caso es la acusación de “pitufeo” o smurfing, término que la fiscalía usa para describir la supuesta práctica de ocultar la identidad de aportantes reales mediante el uso de nombres falsos. García refutó esta interpretación, aclarando que el pitufeo implica realizar operaciones por debajo de un umbral financiero (como 10 mil dólares) para evitar reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Se ensombrece simplemente quién aportó, no el origen delictivo”, afirmó, destacando que esto podría ser una irregularidad administrativa sancionable en el ámbito electoral, pero no un delito de lavado de activos en el contexto de 2011 y 2016.
¿Qué pasa si el TC no archiva el caso Cócteles?
Ante la pregunta de que pasaría si el TC rechaza el hábeas corpus de Keiko Fujimori y caso Cócteles no es declarado nulo, el abogado indicó que el proceso se prolongaría por más años de los que ya lleva en curso.
"Bueno tendrá que seguir litigando unos años más, más de los 10 años que ya lleva litigando, para tratar de demostrar" su acusación, dijo.
García también descartó que José Domingo Pérez, el fiscal a cargo de la acusación, pueda dejar expedito el legado contra Keiko Fujimori en un mediano plazo, en el caso de que el fallo del TC lo favorezca.
"Recién la Fiscalía acaba de presentarse su acusación. El control de acusación del caso Keiko Fujimori anteriormente creo que duró aproximadamente dos años. Dos o tres años porque fue veintitantas veces devuelta la acusación. Entonces, yo no sería tan optimista como el señor fiscal ha dicho el día de hoy que esto lo puede resolver en un par de años", dijo.
"Aademás, si uno analiza la lista de testigos, la lista de documentos que hay, que son miles, no digo cientos, miles; es bastante optimista decir que esto lo va a hacer en seis meses o en ocho meses. Entonces, yo creo que esto implicaría un proceso que tendría que alargarse mucho más", agregó.
José Domingo Pérez advierte que el TC no puede "sustituir a la justicia penal".
El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, expresó hoy su preocupación por las posibles consecuencias de archivar el caso Cócteles. En Prueba de Fuego, Pérez señaló que una decisión favorable a Fujimori podría sentar un precedente que afecte investigaciones contra otras figuras políticas, como Ollanta Humala, Susana Villarán y Vladimir Cerrón.
“Si el Tribunal Constitucional señala que en el país se puede recibir dinero de la corrupción para financiar campañas políticas, todos los casos que están siendo investigados se irían al archivo”, advirtió.
Pérez destacó que la Corte Suprema ya determinó en el caso de Ollanta Humala que recibir dinero de origen corrupto para campañas constituye lavado de activos.
“El Tribunal Constitucional no puede sustituir a la justicia penal”, afirmó, criticando las tácticas de la defensa de Fujimori como un intento de crear un “estado de impunidad”.
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