Defensoría pide que se prohíba a Yonhy Lescano acercarse a periodista o referirse a ella en medios

El pedido realizado al Ministerio Público también incluye la prohibición de que Lescano se comunique vía telefónica, correo electrónico, redes sociales u otro medio similar con la denunciante.

El congresista Yonhy Lescano es investigado por el presunto delito de acoso sexual. | Fuente: Congreso

La Defensoría del Pueblo realizó un pedido de medidas de protección al Ministerio Público, a favor de la periodista que presentó una denuncia por acoso sexual contra el congresista Yohny Lescano. Ello con el fin de evitar que las investigaciones y el debido proceso que el caso amerita afecten los derechos humanos fundamentales de la víctima y vulneren su integridad física y psicológica, informó la entidad.

En un oficio enviado a la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima, la Defensoría del Pueblo también pide que, al momento de aplicarse la ficha de valoración de riesgo a la ciudadana, se tome en cuenta "la defensa agraviante y ofensiva que ha asumido el legislador denunciado, tanto en medios de comunicación como en plataformas informáticas".

“Hemos advertido que las investigaciones que se vienen realizando en sede parlamentaria están generando una sobreexposición pública por parte del denunciado, quien ha proferido calificativos que atentan contra la dignidad de la víctima, colocándola en un escenario de revictimización”, señala el documento.

Asimismo, en el marco de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar N° 30364, se demanda que las medidas de protección contemplen el impedimento de acercamiento o proximidad del agresor a la víctima en cualquier forma; la prohibición de comunicación vía telefónica, correo electrónico, redes sociales u otro medio similar.

Además, la Defensoría del Pueblo considera necesario que el Juzgado de Familia pertinente debe dictar también como medidas de protección la prohibición al investigado de no dirigirse a la víctima o referirse a ella a través de medios de comunicación o redes sociales, atribuyéndole conductas sexuales, sociales, laborales o de cualquier índole.

“Para la Defensoría, dichas aseveraciones dañan la dignidad humana de la denunciante, la desacreditan, la descalifican injustamente, sometiéndola a una doble victimización”, indica el oficio enviado al Ministerio Público. “Desde el 1 de marzo, el investigado ha continuado una serie de agravios públicos sistemáticos, como el hecho de retarla a una confrontación y una exposición en medios de comunicación social”, finaliza.

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