Diversos estudios y estadísticas oficiales demuestran que los inmigrantes, documentados o no, tienen menores tasas de encarcelamiento que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
A pesar de las afirmaciones de la Casa Blanca sobre un presunto aumento del crimen por parte de inmigrantes, múltiples investigaciones académicas y bases de datos oficiales desmienten cualquier relación entre inmigración y criminalidad en Estados Unidos. Las evidencias incluso apuntan a que las personas inmigrantes, ya sean con estatus legal o indocumentado, registran menores tasas de encarcelamiento que los ciudadanos nacidos en el país.
La narrativa ha sido impulsada nuevamente por figuras políticas como Karoline Leavitt, secretaria de prensa de Donald Trump, quien declaró en abril de 2025 que el país enfrentaba una “epidemia” de crímenes cometidos por inmigrantes sin documentos, sin aportar datos concretos. Sin embargo, tanto datos históricos como análisis actuales coinciden en que los vínculos entre inmigración y criminalidad son débiles o inexistentes.
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Las cifras oficiales contradicen la narrativa dominante
Un informe reciente del Cato Institute, basado en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del Censo entre 2010 y 2023, reveló que los ciudadanos estadounidenses tienen una tasa de encarcelamiento de 1 221 por cada 100 000 personas, mientras que los inmigrantes indocumentados registran una de 613, y los documentados, de apenas 319. Incluso si se excluyen de la cuenta los arrestos por violaciones migratorias, la tasa de encarcelamiento de los indocumentados baja a 357, nivel similar al de los inmigrantes con estatus legal.
Estudios históricos y locales coinciden con esta tendencia
El National Bureau of Economic Research concluyó en 2023 que los inmigrantes han tenido históricamente menores probabilidades de ser encarcelados desde 1870, salvo entre 1850 y 1870. En paralelo, estudios locales como el del Marshall Project (2024) no encontraron aumento de criminalidad tras la llegada masiva de inmigrantes a ciudades como Nueva York, Chicago o Miami.
Otro ejemplo: en Texas, entre 2012 y 2018, los indocumentados fueron arrestados por crímenes violentos con menor frecuencia que los ciudadanos estadounidenses, según una publicación en Proceedings of the National Academy of Sciences.
Diversos estudios sugieren que la inmigración podría estar asociada, incluso, con una reducción de delitos. Investigaciones en Nueva York y Los Ángeles muestran que vecindarios con alta concentración de inmigrantes tienden a tener índices de criminalidad más bajos. El estudio Homicide and Social Disorganization on the Border, realizado en El Paso, también sostiene que la inmigración no estuvo vinculada con un alza en los homicidios, aunque sí con delitos específicos como los vinculados a pandillas.
Lo que opinan los expertos en criminología e inmigración
Expertos como Ernesto Castañeda, sociólogo de American University, explican que la inmigración “podría no estar relacionada con el crimen, o incluso actuar como escudo ante él”, como indica en su libro Immigration Realities. Jeff Asher, analista de datos, coincide en que no hay evidencia sólida que respalde las afirmaciones del actual equipo de campaña republicano. Por su parte, Charis Kubrin, académica de la Universidad de California con dos décadas de experiencia, sostiene que los inmigrantes tienden a evitar el crimen por temor a ser deportados, lo que reduce su participación en actividades delictivas.
Aunque la narrativa de que la inmigración impulsa la criminalidad ha sido una herramienta política frecuente, los datos disponibles muestran una realidad muy distinta. Desde los censos históricos hasta los estudios contemporáneos en grandes ciudades, la conclusión es clara: no existe una relación directa entre la llegada de inmigrantes y el aumento de la delincuencia. La insistencia en lo contrario, sin evidencia, solo perpetúa desinformación que impacta negativamente en la opinión pública y en las políticas migratorias.
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