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California y Texas deben reportar desde ya cualquier retiro en efectivo igual o superior a U$D 200 por orden federal.
Desde junio, los residentes de zonas específicas de California y Texas están obligados a reportar cualquier retiro en efectivo igual o superior a U$D 200. Esta decisión, tomada por el gobierno federal, busca reforzar el control financiero en regiones con alto riesgo de actividades ilícitas, especialmente en la frontera sur del país.
La nueva normativa forma parte de una Orden de Focalización Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés), que obliga tanto a ciudadanos como a comerciantes que usan servicios como giros, cheques de viajero o casas de cambio a declarar transacciones de ese monto mínimo. La medida ya está en vigencia y afecta a millones de personas que realizan retiros en efectivo diariamente.
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Autoridades intensifican controles en condados de alto riesgo
La aplicación de la norma se concentra en áreas estratégicas. En California, los condados de Imperial y San Diego están bajo estricta vigilancia, mientras que en Texas se suman los condados de Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb. Estos territorios fueron seleccionados por el historial de movimientos financieros sospechosos y su cercanía a la frontera.
Las autoridades afirman que el nuevo umbral permite detectar flujos financieros ilegales más pequeños, anteriormente imposibles de rastrear. Detrás de estas operaciones, usualmente se esconden organizaciones criminales, incluidos carteles de drogas, que operan desde la frontera sur estadounidense.
Empresas de servicios financieros deben entregar datos del cliente
Además de los usuarios comunes, las llamadas money services businesses; es decir, las empresas que manejan giros, cheques y cambio de moneda, también están obligadas a reportar. Estas compañías deben informar datos detallados del cliente: nombre completo, dirección, número fiscal, tipo de transacción y fecha.
Esta información permitirá a las autoridades estadounidenses construir una base de datos más precisa sobre movimientos de dinero que podrían estar relacionados con lavado de activos. El Departamento del Tesoro enfatizó que esta medida no es temporal y forma parte de un plan más amplio de vigilancia financiera.
Hasta ahora, el umbral nacional para reportar transacciones en efectivo se mantenía en U$D 10 000, un monto fijado en 1972 y nunca actualizado. Esta diferencia de criterios evidencia la intención de las autoridades de imponer mayor escrutinio financiero en áreas donde el crimen organizado tiene mayor incidencia.
Informe federal revela desactualización de umbrales nacionales
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) indicó que, si el umbral nacional se ajustara por inflación, este debería ubicarse en aproximadamente U$D 80 000. Esta cifra dejaría fuera de registro miles de operaciones que hoy podrían ocultar actividades ilegales, lo que justificaría mantener estándares más bajos en zonas vulnerables.
Expertos consideran que esta medida abre el debate sobre la necesidad de revisar los estándares nacionales de reporte. Mientras tanto, en los condados fronterizos, los residentes deben adaptarse de inmediato a las nuevas exigencias, bajo el riesgo de enfrentar sanciones si no cumplen con la normativa.
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