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por Redacción USA
·El Tribunal Supremo acepta revisar si presos pueden demandar por daños tras violaciones a su libertad religiosa, como afeitado forzado.
El Tribunal Supremo de EE.UU. aceptó revisar el caso de Damon Landor, un hombre de fe Rastafari que asegura que fue forzado a cortarse las rastas en una prisión de Luisiana en 2020. Landor sostiene que al hacerlo se violaron sus derechos religiosos, y ahora opta por buscar una compensación económica contra los guardias responsables.
Aunque un tribunal federal reconoció que hubo violación a su fe, había rechazado su reclamo económico bajo la ley RLUIPA. El alto tribunal debe decidir si esta ley permite demandar a funcionarios individualmente cuando violan derechos religiosos dentro de prisiones.
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Una lucha por las libertades individuales
Landor, quien permanecía confinado durante cinco meses por un cargo menor, mostraba evidencia de una sentencia de apelaciones de 2017 que protegía a presos Rastafari, pero sus rastas fueron cortadas de todas formas. El tribunal de apelaciones reconoció que lo sucedido fue “un grave daño legal”, pero concluyó que la ley no contempla indemnizaciones contra empleados públicos.
Ahora, abogados de Landor argumentan que la RLUIPA es paralela a la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, que sí permite compensaciones, presentando un precedente legal clave que la Corte Suprema revisará oficialmente en su próxima sesión.
Posibles cambios en el sistema penitenciario
De tumbarse esa limitación, se abriría la puerta para que otros presos demanden por daños similares, impulsando una responsabilidad judicial más fuerte sobre las instituciones carcelarias. Esto podría provocar cambios en las políticas internas, así como en la formación y protocolos de los guardias.
Por contraste, voces legislativas y algunos expertos advierten que permitir demandas frecuentes podría causar temor administrativamente y disminuir el personal penitenciario dispuesto a trabajar en el sector, generando un dilema entre derechos individuales y gestión eficaz de las cárceles.
El fallo del Tribunal Supremo, previsto para octubre, definirá si hay espacio legal para compensaciones por violaciones religiosas en prisión.
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