El gobierno de Trump ordena redadas y lanza amenazas públicas a quienes den empleo a inmigrantes sin estatus legal en sectores como construcción y agricultura.
El gobierno de Donald Trump ha intensificado su política migratoria con un enfoque agresivo en centros de trabajo, advirtiendo a los empleadores que contraten a inmigrantes sin papeles que podrían enfrentar operativos sorpresa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En un mensaje difundido desde sus canales oficiales, la agencia dejó claro que quienes no estén del lado de la ley deberán “esperar al ICE en sus puertas”.
Las autoridades han reforzado los controles en espacios públicos y laborales como parte de una estrategia para combatir la inmigración irregular en EE.UU. Esta ofensiva, según informó El Nuevo Herald, busca frenar la contratación de extranjeros sin estatus legal, una práctica considerada delito federal y que será sancionada con inspecciones, multas y posibles procesos judiciales.
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ICE redobla su presión sobre empresas privadas
El ICE ha centrado su atención en sectores económicos donde tradicionalmente se emplea a personas indocumentadas, como la construcción, la agricultura y el servicio doméstico. En Florida, por ejemplo, la agencia realizó una redada en Wildwood, al noroeste de Orlando, donde detuvo a 33 inmigrantes. Según el comunicado oficial, algunos ya habían sido deportados anteriormente, lo que agrava sus procesos migratorios y penales.
El mensaje detrás de estos operativos es contundente: las empresas que contraten a sabiendas a trabajadores sin estatus migratorio serán objeto de sanciones. La narrativa oficial ha comenzado a vincular la inmigración irregular con riesgos para la seguridad nacional, lo que refuerza el respaldo político a las medidas tomadas.
Acerca del programa IMAGE
Como complemento a las redadas y advertencias públicas, el gobierno viene impulsando el programa IMAGE (ICE Mutual Agreement between Government and Employers). Esta iniciativa promueve la legalidad en los procesos de contratación y ofrece a los empleadores asesoría para implementar prácticas conforme a la ley. A cambio, quienes se adhieren reciben auditorías internas, capacitación y el uso obligatorio del sistema E-Verify.
Las empresas participantes reducen significativamente el riesgo de enfrentar sanciones y ganan legitimidad ante sus clientes y la comunidad. Sin embargo, la resistencia a formar parte de IMAGE persiste, lo que ha llevado a las autoridades a redoblar la presión pública.
Autodeportación y confiscación de bienes
La política migratoria actual también apuesta por desalentar la permanencia de inmigrantes sin papeles mediante mecanismos como el programa CBP Home, que promueve la autodeportación como alternativa a sanciones más severas. Si bien el gobierno lo presenta como una salida voluntaria, activistas y abogados lo ven como una forma de coerción estatal.
Además, Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que permite al Estado confiscar bienes, cuentas bancarias y salarios de quienes se nieguen a abandonar el país de manera voluntaria. En palabras del propio presidente, “quienes no acaten estas disposiciones serán deportados de forma inmediata a un destino determinado por el gobierno”. Estas medidas representan un endurecimiento sin precedentes que golpea tanto a inmigrantes como a los empresarios que los contratan.
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