Trabajadores de USAID demandan a un juez que bloquee el intento de Trump de despedirlos, alegando que la medida es injusta y viola sus derechos laborales.
Un grupo de empleados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha solicitado a un juez federal que mantenga bloqueada una medida del gobierno de Donald Trump que busca destituir a casi todos los trabajadores en el extranjero.
El juez Carl Nichols, designado por el presidente, había otorgado una victoria temporal a los empleados la semana pasada al frenar los planes del gobierno, que habrían obligado a miles de trabajadores a tomar licencias y a quienes estaban fuera de Estados Unidos a regresar en un plazo de 30 días, con el gobierno cubriendo los costos.
Sin embargo, la orden de Nichols está programada para expirar al final del día. Ante esto, dos asociaciones de empleados federales han pedido que se amplíe la suspensión, además de solicitar la paralización de la congelación de Trump sobre la ayuda exterior. Esta pausa ha interrumpido programas vitales de asistencia internacional, como clínicas médicas y suministros de agua de emergencia, afectados por la congelación de fondos destinados a la ayuda global.
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En un reciente documento judicial, Pete Marocco, subdirector de USAID, alegó que la “insubordinación” de los empleados impedía que la nueva administración pudiera realizar una revisión detallada de los programas de ayuda, a menos que se retirara a casi todo el personal de sus puestos y se detuviera el trabajo de asistencia y desarrollo. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran su afirmación.
Por su parte, los empleados de USAID han negado ser insubordinados, argumentando que han intentado cumplir con lo que consideran órdenes poco claras y ambiguas, muchas de las cuales, aseguran, provenían de asociados de Elon Musk y otras fuentes externas.
Algunos defensores de la agencia informaron a senadores demócratas que el cierre de la agencia —junto con otras acciones de la administración, como la revocación del contrato de arrendamiento de USAID en su sede— es un intento de eliminar la agencia antes de que los legisladores o los tribunales puedan intervenir.
Grupos de empleados y legisladores demócratas sostienen que, sin el aval del Congreso, Trump no tiene autoridad para disolver USAID o suspender sus programas.
Video: Youtube | Noticias Telemundo
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