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El fin de la sesión legislativa en Tennessee acelera la presión sobre proyectos que impactan a inmigrantes y organizaciones sociales.
La legislatura de Tennessee se encuentra en un momento clave en materia migratoria, con proyectos de ley que han logrado avanzar y otros que enfrentan retrasos decisivos. La reciente creación de una División Centralizada de Aplicación de Inmigración refuerza el enfoque del estado en políticas restrictivas hacia los inmigrantes, mientras organizaciones civiles expresan su preocupación ante medidas que consideran punitivas.
El gobernador Bill Lee oficializó en enero de 2025 la creación de esta nueva división, nombrando a Ryan Hubbard como su primer jefe. Hubbard, con experiencia federal en temas migratorios, liderará esta oficina que operará con alto nivel de reserva, ya que estará exenta de la ley estatal de registros públicos. El objetivo declarado es implementar las políticas migratorias en línea con la administración Trump.
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Avances que endurecen la responsabilidad de organizaciones
Uno de los proyectos más relevantes en curso responsabiliza a las organizaciones que alojen inmigrantes ilegales si estos cometen delitos. La iniciativa, promovida por el senador Brent Taylor, ya fue aprobada tanto en la Cámara como en el Senado y se encamina hacia la firma del gobernador. Taylor defendió la medida alegando que estas organizaciones deben asumir un rol de supervisión más estricto para evitar riesgos en las comunidades locales.
Controversias y retrocesos ante riesgos de impacto federal
No todas las iniciativas han tenido el mismo destino. Un proyecto que permitiría a los distritos escolares decidir si inscriben a inmigrantes indocumentados quedó suspendido por preocupaciones sobre la posible pérdida de U$D 1 200 millones en fondos federales. William Lamberth, líder de la mayoría en la Cámara, optó por posponer la medida hasta confirmar que no pondría en peligro el presupuesto educativo estatal.
Entre las propuestas que fracasaron en esta sesión figuran proyectos que buscaban endurecer aún más el tratamiento a inmigrantes ilegales:
- Uno pretendía obligar a la policía a trasladar a inmigrantes sin detenedor de ICE hacia ciudades santuario.
- Otro exigía a las entidades bancarias verificar el estatus migratorio antes de permitir transferencias de dinero al extranjero
Estas derrotas reflejan los límites políticos actuales incluso en un contexto conservador como el de Tennessee.
A pesar de estos retrocesos, legisladores republicanos han dejado abierta la posibilidad de reintroducir algunos proyectos en la siguiente sesión. Mientras tanto, las organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes se mantienen alertas frente a una agenda legislativa que podría reconfigurar profundamente su labor y el acceso de las comunidades inmigrantes a servicios esenciales en el estado.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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