Estos grupos religiosos presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump alegando violación de derechos constitucionales. Conoce aquí más detalles.
Más de 24 organizaciones cristianas y judías, que representan a millones de personas en Estados Unidos, han interpuesto una demanda en un tribunal federal contra la administración Donald Trump. Entre los grupos se encuentran la Iglesia Episcopal, la Unión para el Judaísmo Reformista, los menonitas y los universalistas unitarios, quienes cuestionan una medida que otorga a los agentes de inmigración más poder para realizar arrestos en templos y lugares de culto.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Washington, argumenta que esta política ha generado un clima de temor que está afectando la asistencia a los servicios religiosos y otros programas esenciales de las comunidades de fe. Según los demandantes, la medida no solo está afectando la práctica religiosa, sino que también limita su capacidad para asistir a migrantes, incluidos aquellos que se encuentran en EE.UU. sin documentos. Los grupos denuncian que este enfoque infringe sus derechos constitucionales a la libertad religiosa y a ofrecer apoyo a los más necesitados.
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Grupos religiosos amplían demanda contra la política migratoria de Trump
La nueva demanda amplía y refuerza los argumentos de una demanda similar presentada el 27 de enero por cinco congregaciones cuáqueras, que fue respaldada por un templo sij y la Cooperativa Bautista. Este caso sigue pendiente en el Tribunal de Distrito de Maryland.
Hasta el momento, la administración Trump no ha respondido directamente a la nueva demanda, que tiene como demandados al Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias de inmigración. No obstante, un memorando presentado por el Departamento de Justicia el viernes pasado, que se opone a los fundamentos de la demanda, contiene argumentos que también podrían ser aplicables al nuevo caso.
El memorando sostiene que la solicitud de los demandantes se basa en una predicción de daños futuros y, por lo tanto, no justifica una orden judicial. Además, resalta que la aplicación de la ley de inmigración en lugares de culto ha sido una práctica permitida durante décadas, y que la política implementada en enero simplemente otorga mayor discreción a los agentes de campo para realizar operaciones sin necesidad de aprobación previa.
Video: Youtube | Univision Noticias
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