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La orden de Donald Trump enfrenta a las ciudades santuario con una amenaza de recorte de fondos federales y consecuencias legales por no colaborar con ICE.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que reactiva el conflicto con las llamadas “ciudades santuario”, acusándolas de obstruir la ley migratoria federal. La medida contempla el retiro de fondos federales a estas jurisdicciones que no colaboren con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una acción que pone en jaque servicios clave para millones de ciudadanos.
Desde la Casa Blanca, Trump acusó a estas ciudades de incurrir en una “insurrección ilegal” por permitir la permanencia de inmigrantes indocumentados y resistirse a la cooperación con ICE. La orden instruye al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional a identificar a estas jurisdicciones y tomar medidas legales, que podrían incluir juicios y la congelación de fondos destinados a seguridad pública, salud y servicios sociales.
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La respuesta de los gobiernos locales y defensores de derechos civiles
Diversas autoridades municipales, organizaciones civiles y algunos cuerpos policiales rechazaron la medida por considerar que socava la autonomía de los gobiernos locales y pone en riesgo la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden. Líderes locales advirtieron que la política fomentará el miedo entre residentes, desalentando la denuncia de delitos por temor a ser deportados.
Otras órdenes con fuerte impacto firmadas por Trump
Junto con esta orden contra las ciudades santuario, Trump firmó una segunda directiva que fortalece a las fuerzas del orden al reducir las restricciones sobre su accionar y ampliar su protección legal ante denuncias por abusos. Además, se les permitirá nuevamente el uso de equipamiento militar. Esta acción generó alerta en sectores civiles que la consideran un debilitamiento de los controles democráticos y una amenaza para los derechos ciudadanos.
Mientras algunos estados se alinean con la nueva política, otros ya preparan recursos legales para enfrentarla. Gobernadores y alcaldes que se oponen al decreto consideran que se trata de una ofensiva política para criminalizar a los inmigrantes y romper el equilibrio entre poderes. Esta confrontación podría escalar hasta la Corte Suprema, con implicancias duraderas en el modelo de gobernanza estadounidense.
La firma de estas órdenes ejecutivas se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump para reforzar su imagen de “mano dura” frente a la inmigración y el crimen. Sin embargo, para críticos y activistas, el verdadero impacto será el debilitamiento de los vínculos comunitarios, el aumento de la desconfianza hacia las autoridades y la fragmentación institucional en uno de los momentos más tensos para la democracia estadounidense.
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