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Más de 5 millones de prestatarios que estaban exentos volverán a recibir notificaciones para regularizar sus deudas a partir de este mes.
Después de más de un año sin tener que pagar sus cuotas mensuales, millones de prestatarios en Estados Unidos enfrentarán nuevamente el cobro de sus préstamos estudiantiles federales. La medida, anunciada oficialmente por el Departamento de Educación, entra en vigor este 5 de mayo y representa el fin de una suspensión que había beneficiado a más de 5 millones de personas desde marzo de 2020.
La exoneración temporal había sido implementada por la administración de Joe Biden como respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia. Pero ahora, quienes llevan más de 270 días sin pagar se verán obligados a retomar sus compromisos financieros. Las notificaciones comenzarán a enviarse en las próximas dos semanas, informó el gobierno federal.
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Los cobros se reinician con nuevas exigencias para los deudores
La secretaria del Departamento de Educación, Linda McMahon, explicó que los prestatarios en mora recibirán instrucciones claras para ponerse al día: podrán inscribirse en un plan de pago basado en ingresos o, de ser necesario, solicitar la rehabilitación o consolidación de sus préstamos. La intención oficial es reducir la carga financiera sin eliminar la deuda pendiente.
Según McMahon, “los contribuyentes ya no se verán obligados a garantizar decisiones irresponsables”. Para la funcionaria, el intento del gobierno anterior por condonar deudas fue un error legal y económico: “El poder ejecutivo no tiene autoridad constitucional para cancelar la deuda, ni los saldos simplemente desaparecen”.
Consecuencias legales para quienes no regularicen su situación
El Departamento de Educación advirtió que quienes no respondan a las notificaciones ni adopten un plan de pago podrían enfrentarse a medidas coercitivas. Bajo el Programa de Compensación del Tesoro, el gobierno podrá retener los reembolsos tributarios de los prestatarios en mora, así como embargar parte de sus salarios.
Este proceso iniciará 30 días después del envío de la notificación, por lo que el plazo para tomar decisiones será breve. Las medidas buscan que los ciudadanos asuman sus responsabilidades crediticias, pero también han despertado críticas de sectores que piden una solución estructural al sistema de financiamiento educativo en Estados Unidos.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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