La administración Trump deportó a 238 inmigrantes a El Salvador alegando vínculos con pandillas. Pero registros legales revelan que la mayoría no tenía antecedentes penales.
A mediados de marzo, la administración Trump deportó a 238 hombres, en su mayoría venezolanos, a El Salvador bajo la acusación de ser miembros del Tren de Aragua, una banda criminal señalada por delitos graves. Sin embargo, una revisión exhaustiva de registros legales y documentos judiciales realizada por Bloomberg News reveló que solo una fracción de estos inmigrantes tenía antecedentes penales graves en Estados Unidos.
De acuerdo con los informes, apenas cinco personas habían sido acusadas o condenadas por delitos como agresión o posesión ilegal de armas. Otros tres enfrentaban cargos menores, y solo dos fueron señalados por tráfico de personas. Para el resto —la gran mayoría—, no existía evidencia de crímenes graves más allá de infracciones migratorias o de tránsito. Esta revelación pone en duda la narrativa oficial de que se trataba de "lo peor de lo peor", como describieron los funcionarios del gobierno.
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Deportaciones bajo una ley del siglo XVIII y sin revisión judicial
Lo más polémico del caso es que muchos de estos inmigrantes fueron deportados sin derecho a una audiencia judicial, amparados por la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma casi en desuso. Aunque un juez había ordenado detener las deportaciones, la Corte Suprema permitió que continuaran, siempre y cuando se notificara a los afectados y se les brindara la oportunidad de presentar su defensa.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y medios como The Washington Post y CBS News han puesto en duda la legalidad y la ética de estas acciones. Según una investigación de CBS, tres de cada cuatro deportados no tenían antecedentes penales ni en EE.UU. ni en el extranjero. El abogado Robert Cerna, funcionario de ICE, afirmó en documentos legales que “la falta de historial delictivo es precisamente lo que los hace peligrosos, porque no tenemos un perfil completo de ellos”.
Criminalización y estigmatización de los inmigrantes
Expertos como Andrés Antillano, criminólogo de la Universidad Central de Venezuela, advierten sobre el uso político del miedo. “Las oleadas migratorias han generado mucha ansiedad y aparecen mitos. La administración Trump está criminalizando jóvenes venezolanos, mayormente de sectores populares”, declaró Antillano. Comparó esta situación con otros momentos históricos en los que se estigmatizó a inmigrantes, como los italianos en los años 50 o los cubanos en los 80.
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