Amazon es acusada de vender arroz contaminado con metales pesados sin alertar a consumidores, generando preocupación por la salud de niños y familias.
Amazon fue demandada en un tribunal federal de Seattle por presunta venta de arroz contaminado con metales pesados como arsénico, plomo, mercurio y cadmio. La acción legal, impulsada por consumidores preocupados por la salud de sus familias, busca una compensación superior a los U$D 5 millones.
La denuncia colectiva señala al menos 18 productos vendidos a través de la plataforma, incluidos arroz de marcas como Ben’s Original y 365 de Whole Foods, propiedad de Amazon. Según el estudio presentado como evidencia —realizado por la organización Healthy Babies, Bright Futures—, todas las 145 muestras analizadas contenían arsénico, y más de una cuarta parte superaban los límites de seguridad de la FDA.
Además, casi todas las muestras contenían cadmio, y más de un tercio incluían trazas de plomo y mercurio. Los demandantes alegan que no habrían comprado ciertos productos, como el Iberia Basmati 100% Aged, si hubieran sabido de su nivel de contaminación.
El caso pone nuevamente en el centro el debate sobre responsabilidad en plataformas de comercio electrónico.
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Amazon bajo escrutinio por venta de alimentos sin controles toxicológicos
Una reciente demanda acusa a Amazon de vender arroz contaminado con metales pesados sin advertir a sus consumidores sobre los riesgos para la salud, especialmente en niños. Según el documento judicial presentado en Washington, la empresa no cumplió con las leyes estatales de protección al consumidor al comercializar estos productos sin realizar pruebas toxicológicas ni emitir alertas adecuadas.
La denuncia subraya que estos contaminantes —como arsénico, plomo y mercurio— pueden provocar graves daños, incluyendo alteraciones en el desarrollo neurológico infantil, problemas renales, afectaciones al sistema inmunológico, así como trastornos del espectro autista (TEA) y déficit de atención con hiperactividad (TDAH).
Este caso ha puesto bajo la lupa la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico en la seguridad alimentaria. Los afectados solicitan una compensación que supere los U$D 5 millones, mientras crece la preocupación por la vigilancia y control de productos vendidos en línea, especialmente aquellos dirigidos a públicos vulnerables como los niños.
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