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GEO Group y CoreCivic firmaron contratos con el gobierno de EE.UU. que les aseguran ingresos diarios por cada persona detenida bajo custodia migratoria.
Dos gigantes del negocio penitenciario privado en Estados Unidos, GEO Group y CoreCivic, se consolidaron como piezas clave en el sistema de detención de inmigrantes durante la administración Trump. Aprovechando políticas de deportación más estrictas y un notable aumento en el número de detenciones, ambas empresas lograron asegurar contratos millonarios con entidades federales, transformando la detención migratoria en un negocio altamente lucrativo.
El modelo de operación de estas compañías permite que cobren al gobierno una tarifa diaria por cada inmigrante recluido en sus instalaciones, bajo acuerdos firmados con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En este contexto, el endurecimiento de la política migratoria bajo Trump funcionó como un catalizador para expandir la industria del confinamiento privado.
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El rol de Geo Group y CoreCivic en la detención de inmigrantes
GEO Group y CoreCivic, líderes en la administración de prisiones privadas, fueron los principales beneficiarios del incremento en las detenciones de inmigrantes indocumentados. Sus operaciones, ajustadas a un modelo empresarial, se expandieron tras la política de “tolerancia cero” impulsada desde el Ejecutivo. Esto aumentó la demanda de centros de detención, y por ende, la necesidad de instalaciones controladas por estas compañías.
Ambas empresas obtuvieron ingresos sustanciales gracias a contratos que les aseguraban un pago por cada persona detenida, incluso en ocasiones donde las instalaciones no estaban completamente ocupadas. Esta dinámica fue severamente criticada por organizaciones de derechos humanos que consideran que se priorizó el lucro sobre el bienestar de los inmigrantes.
Condiciones denunciadas en los centros de detención privados
Además del negocio en expansión, las condiciones dentro de los centros de detención administrados por GEO Group y CoreCivic han sido objeto de fuertes denuncias. Diversos informes expusieron casos de sobrepoblación, falta de atención médica adecuada y condiciones de reclusión consideradas inhumanas por organismos de derechos humanos y congresistas estadounidenses.
Las quejas se acumulan desde hace años, y aunque han sido objeto de audiencias y promesas de reforma, las mejoras han sido limitadas. Las empresas, sin embargo, continúan firmando contratos y operando como actores centrales en el sistema de control migratorio del país.
La permanencia de un modelo criticado
A pesar de las críticas sostenidas y los intentos de ciertos sectores políticos por cancelar los contratos, GEO Group y CoreCivic mantienen su presencia gracias a alianzas estratégicas con gobiernos locales y federales. Su capacidad de adaptación a los cambios en la política migratoria les ha permitido sostener su influencia incluso después de la salida de Trump del poder.
Las compañías siguen siendo vistas como indispensables por parte de ciertos sectores gubernamentales debido a su infraestructura y capacidad operativa. Así, el sistema de detención privada continúa siendo una pieza clave en la gestión de la inmigración en EE.UU., mientras miles de personas permanecen encerradas bajo condiciones que muchos consideran contrarias a los derechos humanos.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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