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Más del 29% de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump en sus primeros 100 días enfrentaron demandas judiciales por violar derechos o exceder atribuciones.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump usó las órdenes ejecutivas como uno de los pilares de su estrategia política. Con ellas, buscó sortear al Congreso y ejecutar decisiones de impacto inmediato, especialmente en temas sensibles como inmigración, comercio o seguridad. Sin embargo, esta vía rápida no estuvo exenta de frenos: varias de sus disposiciones acabaron siendo discutidas y, en algunos casos, bloqueadas por el poder judicial.
El presidente firmó 26 órdenes ejecutivas solo en su primer día como mandatario y mantuvo ese ritmo durante semanas, consolidando el uso intensivo de esta herramienta. Aunque legalmente válidas, muchas de estas disposiciones fueron calificadas de polémicas, ya sea por sus efectos en los derechos fundamentales o por exceder lo que la Constitución permite.
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Qué es y cómo opera una orden ejecutiva en USA
Una orden ejecutiva es una instrucción directa del presidente que tiene fuerza de ley sin pasar por el Congreso. Su objetivo es permitir que el Ejecutivo actúe con rapidez para implementar políticas o tomar medidas administrativas. No obstante, esto no significa que sus efectos sean ilimitados o que no puedan ser detenidos por otras instancias.
Estas órdenes pueden ser revisadas por los tribunales, que tienen la capacidad de bloquearlas si consideran que violan derechos constitucionales o sobrepasan los poderes que la ley concede al presidente. Además, un nuevo presidente puede anular o revertir las órdenes de su antecesor, lo que las convierte también en una herramienta política temporal.
Las órdenes ejecutivas pueden ser contrarrestadas
Aunque el presidente tiene la facultad de emitir órdenes ejecutivas, estas pueden ser contrarrestadas por los otros dos poderes del Estado. El Congreso, al ser el órgano legislador, puede modificar o derogar la ley que sirve de base a una orden si considera que ha sido mal interpretada. Por su parte, el Poder Judicial puede intervenir cuando detecta que se está vulnerando la Constitución.
Durante la administración de Trump, esta dinámica fue frecuente. De las más de 100 órdenes que firmó en sus primeros 100 días, al menos el 29% fueron llevadas a juicio. Muchas de ellas enfrentaron críticas por su impacto sobre personas inmigrantes y por interpretaciones controversiales de las leyes federales.
Un récord presidencial con consecuencias legales
Según un análisis de Deutsche Welle, Trump fue el presidente que más órdenes ejecutivas firmó en sus primeros 100 días. Superó incluso a sus predecesores más activos. Esta hiperactividad ejecutiva no pasó desapercibida. Numerosos sectores, tanto dentro como fuera del sistema político, alertaron sobre el uso excesivo de esta figura para imponer medidas que el Congreso no respaldaba.
Algunas de estas órdenes fueron bloqueadas por tribunales federales, otras modificadas y unas cuantas permanecen activas. Lo cierto es que sus efectos siguen presentes en debates legales y políticos actuales.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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