El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. exigirá a los inmigrantes proporcionar información sobre sus redes sociales y portar en todo momento un comprobante de registro.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) ha implementado una política que obliga a los inmigrantes a declarar sus cuentas en redes sociales al solicitar beneficios migratorios, como la residencia permanente o la ciudadanía.
Esta medida, alineada con la Orden Ejecutiva para la seguridad nacional y pública, busca mejorar la verificación de identidad y la evaluación de seguridad pública. La actividad en línea será considerada un "factor desfavorable" en la evaluación de solicitudes, y las Unidades de Prevención de Fraude del DHS deben registrar y conservar evidencia de contenido relevante, incluso si este es eliminado posteriormente.
Además, desde el 11 de abril de 2025, todos los extranjeros mayores de 14 años que hayan permanecido en EE. UU. por más de 30 días deben portar en todo momento un comprobante oficial de registro. El incumplimiento de esta disposición puede resultar en multas de hasta U$D 5 000 o prisión de hasta seis meses por no registrarse, y hasta 30 días de prisión o multa por no portar el comprobante. No reportar un cambio de domicilio dentro de 10 días también puede implicar una multa de U$D 200 o prisión por 30 días.
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Reacciones y preocupaciones
Estas medidas han generado preocupación entre defensores de los derechos civiles y comunidades inmigrantes, quienes argumentan que la recopilación de datos de redes sociales y la obligación de portar comprobantes de registro podrían violar derechos fundamentales y aumentar la vigilancia gubernamental. Críticos sostienen que estas políticas podrían llevar a represalias por parte del gobierno contra opiniones desfavorables y comparan estas tácticas con las empleadas por regímenes autoritarios.
Uscis, por su parte, defiende estas medidas como necesarias para garantizar la seguridad nacional y prevenir fraudes migratorios. La agencia ha reiterado su compromiso con la aplicación rigurosa de las leyes de inmigración y la protección del país contra amenazas internas y externas.
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