Nintendo denuncia a Bowser por violación de los derechos de autor de la consola Switch

En una curiosa situación, Nintendo ha denunciado a Bowser por violar los derechos de autor al crear y comercializar hacks para la consola Nintendo Switch.

Gary Bowser, quien curiosamente se apellida como el famoso enemigo de la famosa franquicia de Nintendo, Super Mario Bros., ha sido acusado de liderar el grupo de piratería Switch Team Xecuter, una organización dispuesta a hackear el sistema de las consolas de la compañía.

La demanda se centra en Bowser, quien, según Nintendo, dirige una red internacional de software que elude los sistemas de seguridad de la Nintendo Switch y que permite al usuario poder ejecutar juegos piratas en la consola.

Nintendo ha presentado anteriormente múltiples demandas contra los vendedores de las herramientas de piratería, incluidos SX Pro, SX Core y SX Lite, tres dispositivos que se utilizan para piratear Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite.

Una larga actividad

Según la demanda, Bowser ha estado creando y vendiendo dispositivos de piratería de Nintendo desde al menos 2013, cuando distribuyó un dispositivo diseñado para piratear la Nintendo 3DS. A lo largo de la demanda, Nintendo documentó una larga historia de hacks de Bowser en Switch, así como un desglose de cómo funcionan los dispositivos. 

Nintendo ha centrado gran parte de sus esfuerzos legales en los revendedores en el pasado, con múltiples demandas presentadas en los últimos años, una de las cuales le ganó a la compañía un acuerdo de 2 millones de dólares. El jueves, Nintendo ganó una orden judicial por una demanda de noviembre dirigida a un revendedor de Amazon. 

Anteriormente, Nintendo había calificado la piratería y la piratería de Nintendo Switch como un "problema internacional grave que empeora". En la demanda del viernes, los abogados escribieron que los productos de Bowser "continúan poniendo en riesgo de piratería a más de 79 millones de consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite".

La compañía exige a Bowser 2 500 dólares por cada dispositivo traficado y 150 mil dólares por cada violación de derechos de autor, además del cierre definitivo de sus operaciones.

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