La importancia de la telemedicina para garantizar el derecho de atención en los servicios de salud sexual y reproductiva

Por: Geraldine Araceli Guzmán Castillo, directora especialista de la carrera de Obstetricia de la Universidad Privada del Norte (UPN). 

En marzo de 2020, cuando el distanciamiento social inició, fuimos testigos, a nivel mundial, de la drástica reducción de asistencia en los servicios de salud. La atención prenatal, planificación familiar, consultas por infecciones de transmisión sexual (ITS), prevención del cáncer ginecológico, atención en casos de violencia, entre otros, fueron parcialmente interrumpidos.

Privar a la población de estas prestaciones puede generar consecuencias negativas con costos sociales, económicos y de salud, a mediano y largo plazo, como el aumento de la mortalidad materna y neonatal, incremento del riesgo de ITS y cáncer ginecológico, el crecimiento de la tasa de embarazos no planificados, etc.

Según la Organización Mundial de la Salud, la telemedicina se fundamenta en la eliminación de la barrera de la distancia para brindar un servicio de salud y promover el bienestar en las personas y sus comunidades.

La pandemia por la COVID-19, generó un gran impacto en los servicios que brindan atención en Salud Sexual y Reproductiva (SSR), optando por utilizar la telemedicina para continuar con la asistencia. Está en marcha el proyecto “Teleatiendo” para ofrecer teleconsulta y telemonitoreo a las gestantes y usuarias de los servicios de Obstetricia.

Las consecuencias desastrosas para las mujeres y sus familias son posibles si los servicios básicos de SSR se reducen o se consideran no esenciales durante la pandemia. Dejar de actuar y no priorizarlos en la fase de reactivación, ocasionaría que estos efectos se consoliden y reviertan los logros obtenidos.

Los impactos son más notorios en los grupos desfavorecidos y desatendidos, incluidos los adolescentes, víctimas de violencia de género, enfermos de VIH, personas con discapacidad, y en general, la población de nivel socioeconómico más bajo.

Con estrategias de salud pública que se apoyen en infraestructura tecnológica, financiamiento viable y recurso humano capacitado, y una normativa vigente (Decreto Legislativo N°1490), podemos prevenir interrupciones en los servicios de SSR y evitar efectos negativos y prolongados en las personas, familias y la comunidad en general.