Desempleo en el Perú: ¿Qué medidas deben priorizarse para erradicarlo?

Entre enero y marzo del 2022, en Lima Metropolitana se registró que 511 mil 300 personas estaban desempleadas y en búsqueda de trabajo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Una cantidad que, para entender la proporción, podría llenar más de diez Estadios Nacionales.

A nivel nacional, la cifra aumenta. Los datos más recientes de la entidad señalan que, en el último trimestre del 2021, existían 805 mil 600 peruanos y peruanas desempleados, un incremento de más de 108 mil personas sin trabajo en comparación al 2019, antes de la pandemia.

Si bien, la tasa de desempleo ha ido disminuyendo, aún no recupera los niveles prepandemia. ¿A qué se debe este alto nivel de desocupación y cómo revertirlo? Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas, analiza para RPP esta problemática.

Bajo crecimiento económico

En los últimos diez años, antes de la COVID-19, la tasa de desocupación en el Perú era una de las más bajas en América Latina, con un valor cercano a 4% en promedio anual, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, desde el 2017 nuestro crecimiento económico empezó a ser moderado, por lo cual el ritmo en la generación de empleo comenzó a bajar. Esto, a su vez, originó una desaceleración en la reducción del desempleo, advirtió la OIT.

“Este año, las fuentes de crecimiento económico se están apagando porque tanto la inversión pública como la privada están con predicciones negativas. El consumo privado, que se había mantenido bastante resiliente, está enfrentando hoy una situación mucho más compleja. Se ha resentido porque los riesgos regulatorios en el país se han incrementado de manera exponencial”, detalla Castilla.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el crecimiento económico en el 2022 dependerá del incremento del gasto privado, el avance de las exportaciones y la mejora de la demanda externa en un entorno de mayor control de la pandemia y vacunación masiva de la población.

Castilla señala además que las predicciones negativas se deben también a que los desaciertos políticos, así como la próxima renovación de autoridades municipales y regionales, desalientan a ambos sectores (consumo e inversión).

“Un mal manejo de los conflictos sociales ha hecho que la inversión en el sector minero, que es tan importante, se vea relegada y postergada. Hay un ambiente de zozobra y de falta de previsibilidad de las reglas de juego que ha hecho que la inversión privada en los próximos años se vaya a contraer”, asegura.

El sector privado en el Perú está conformado, principalmente por micro y pequeñas empresas. En 2020, según cifras de la ENAHO, el 95% de los empleadores en el país dirigían una mype. Esto demuestra su importancia en el tejido empresarial del país y en la generación de ingresos para las familias, apunta la entidad.

“En el caso de la inversión pública, según el último informe de la Contraloría General de la República, tenemos más de 20 mil millones de soles en proyectos paralizados en los tres niveles de gobierno, y ha habido un avance escaso en ello”, agrega Castilla. A esto, le suma que este año tenemos elecciones regionales y municipales, y que “cada vez que hay cambios de gestión local o regional, colapsa la inversión pública”.

Elevar la productividad laboral

Para Castilla, la forma más importante para reducir el desempleo y acelerar el crecimiento económico es mejorar la productividad laboral. Para ello, explica que deben asumirse como prioridad dos tipos de medidas: elevar la formación técnica y profesional del país, así como flexibilizar nuestra legislación laboral.

Asegura que es básico mejorar el desarrollo de capacidades profesionales más ajustadas a las demandas del mercado. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) coincide en que una de las limitantes de la productividad es la falta de una educación enfocada en la oferta laboral. Advierten que en el Perú hay escasez de capacidades laborales técnico-productivas (que son las que más se demandan), además de una baja inversión en capacitaciones laborales.

Asimismo, Castilla considera que el surgimiento de nuevas tecnologías de la información y plataformas digitales está variando la relación tradicional entre empleador y empleado, como en el caso de las ventas por delivery o servicios de transporte. “Ya hay una flexibilidad total; sin embargo, nuestra legislación no está contribuyendo a ello. Está haciendo, por ejemplo, mucho más restrictiva la tercerización laboral, que afecta básicamente a las pequeñas y medianas empresas”, sostiene.

El exministro de Economía asegura que, si bien el Estado está tratando de impulsar un nuevo código de trabajo, sus medidas, como el aumento del salario mínimo, el cual beneficiaría apenas a 300 mil personas dentro de una Población Económicamente Activa (PEA) que excede a los 18 millones de peruanos, están incrementando los costos de la formalidad, con lo cual estaría generando mayor informalidad y un aumento del empleo precario.

“Hay una especie de desconexión entre la regulación laboral, que en el caso del Perú es la más rígida de América Latina, con las innovaciones que hay en el mercado y la estructura productiva del país, donde el 99% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas, que tienen mayor dificultad para resolver estos costos mayores”, puntualiza Castilla para RPP.