El voto blanco y viciado como respuesta democrática

Ante el acelerado proceso de descomposición del sistema político peruano, el voto nulo y viciado surge como una opción de profilaxis democrática cada vez más viable. Y es que la evidencia es más que contundente.

Alonso Cárdenas

Alonso Cárdenas

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Podemos entender al voto blanco como aquel donde el elector ha decidido no apoyar a ningún candidato. Es decir, el ciudadano rechaza a la totalidad de las fórmulas electorales, expresando su disconformidad con los postulantes. A su vez, el voto viciado se manifiesta cuando la autoridad electoral no puede determinar a cuál aspirante se quiso beneficiar. Este tipo de sufragio se puede dar a través de un error o de manera deliberada. En este último caso Beatriz Boza ejemplifica que, si en una cédula aparece el nombre “Cantinflas”, no hay error sino una clara objeción con el conjunto de las candidaturas.

Ante el acelerado proceso de descomposición del sistema político peruano, el voto nulo y viciado surge como una opción de profilaxis democrática cada vez más viable. Y es que la evidencia es más que contundente. De acuerdo con data de la Contraloría General de la República (CGR), durante el periodo 2019-2021, se dilapidaron 69 mil 618 millones de soles por corrupción e inconducta funcional solamente en el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales. El año pasado se despilfarraron 24 mil 262 millones, un incremento de 2 mil 203 millones respecto al año 2020.

Por otra parte, en el 2018 la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción identificó 4 mil 225 casos de corrupción ocurridos en los gobiernos regionales y municipales entre el 2002 y 2014. En su investigación, la Procuraduría detalla que 2 mil 59 autoridades y exautoridades electas, provenientes de todas las regiones del país, habrían incurrido en estos actos durante sus gestiones. El documento narra que 57 gobernadores regionales, 344 alcaldes provinciales y mil 658 alcaldes distritales han sido procesados o sentenciados por este tipo de crímenes. Actualmente, indica el portal Ojo Público, 21 gobernadores regionales tienen investigaciones en curso en el Ministerio Público, de las cuales el 70% está referido a delitos de corrupción de funcionarios. Un latrocinio contra el Estado imperdonable.

| Fuente: Andina

A nivel internacional, esta debacle también ha sido identificada por diversos estudios. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del año 2021 de Transparencia Internacional ubicó al Perú en la casilla 105 de 180 países, con una nota de 36 sobre 100, posición inferior al promedio mundial de 43 y uno de los peores desempeños en América Latina y el Caribe. A su vez el barómetro de las Américas, presentado el año pasado por la Universidad de Vanderbilt identificó que el 88% de los peruanos considera que “más de la mitad o todos los políticos son corruptos”, el porcentaje más alto de toda la región. Otro estudio similar, el Latinobarómetro del 2021, ratificó la implosión de nuestro sistema político, al hallar que los partidos peruanos tienen la confianza más baja de todos los países analizados, con apenas 7%.

¿Se puede avalar una situación así? Claramente la respuesta es no. Es necesario que la ciudadanía exprese su rechazo de una manera democrática, pacífica e institucional hacia el conjunto de la clase política. Si bien es cierto que los votos blancos y nulos no forman parte del conteo total y por ende, generan un incremento del porcentaje obtenido por cada candidato y partido, una alta proporción de este tipo de sufragios enviaría un mensaje simbólico muy fuerte hacia nuestras autoridades.

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