¿Estado fallido?

En 1992, la revista estadounidense Foreign Policy fue la primera en utilizar el concepto de Estado fallido (failed State). En ella, los politólogos Herman y Ratner consideraban que los Estados fallidos son altamente ineficientes para proporcionar bienes públicos a su población y en mantener el control institucional dentro de su territorio. Casi de manera paralela, en el ámbito académico se comenzó a estudiar a este tipo de Estados como un riesgo para sus propios ciudadanos, para los países vecinos, para la comunidad internacional y para el orden global.

También es en la década de 1990 que diversas universidades y centros de investigación en Estados Unidos comenzaron a caracterizar Estados fallidos, casi todos ubicados en el África Subsahariana: Liberia, Somalia, Angola, Ruanda, Sudán y Sierra Leona. A fines del siglo XX, se incorporaron a la lista Haití y Afganistán.

Al ser un concepto muy amplio y algo impreciso, los politólogos Mancero García y Múnera Perafán (2017), luego de una amplia revisión bibliográfica, han identificado cuatro características de los Estados Fallidos. La primera es que el Estado pierde el monopolio legítimo de violencia (Weber). En otras palabras, el Estado ya no es capaz de brindar seguridad a sus ciudadanos, pudiendo derivar la represión hacia estos. La segunda es la incapacidad para satisfacer las necesidades básicas de su población, al no brindar bienes públicos y condiciones de bienestar. La tercera es la ausencia de una “institucionalidad consistente y reconocible”, capaz de representar al Estado dentro y fuera de sus fronteras. Finalmente y como punto cuatro, como consecuencia de las anteriores, emergen y se multiplican organizaciones armadas, bandas criminales, mafias, señores de la guerra, etc.

No obstante, considero que en un contexto de cambio climático debemos incorporar una quinta dimensión, el deterioro ambiental. De acuerdo con el investigador y profesor Antonio Marquina, los conflictos por la escasez de agua, alimentos y los flujos migratorios producto de la devastación de la naturaleza, pondrán una enorme presión a los frágiles sistemas políticos en muchos países del mundo.

Entonces ¿es el Perú un Estado fallido? Podemos señalar que todavía no, no obstante, sí lo podríamos caracterizar como un Estado en proceso de debilitamiento (failing State). Es decir, la tendencia es la que debe encender todas las alarmas. El Perú presenta problemas muy graves y profundos, que de no corregirse lo pueden convertir en un Estado fallido en los próximos años. La evidencia es contundente, veamos.

En mayo del 2021, la organización The Fund for Peace presentó su índice anual de Estados frágiles. Este ranking evalúa la vulnerabilidad al conflicto y colapso de 179 países en el mundo. Perú con una puntuación de 71.4 se ubica en la posición 85, calificando su fragilidad como de “alerta elevada”. Además, esta investigación nos colocó como uno de los diez Estados que han tenido el mayor incremento en su nivel de inestabilidad durante el 2020.

Por otra parte, el Índice de Percepción de la Corrupción del 2021 evaluó al Perú con una nota de 36 sobre 100, posición inferior al promedio mundial de 43, ubicándolo en la casilla 105 sobre 180 países, uno de los peores resultados en América Latina y el Caribe.

A su vez, en el Índice Mundial sobre Delincuencia Organizada del 2021, investigación que analiza la capacidad para enfrentar al crimen en los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, Perú se ubica en la preocupante posición 26 de 193, uno de los desempeños más bajo de la región.

Por otra parte, el Índice de Desempeño Ambiental elaborado por las Universidades de Yale y Columbia en los Estados Unidos, presentado el 2022 también trae malas noticias. El EPI nos coloca en la posición 101 de 180, con una lamentable calificación de 39.8. A nivel América Latina y el Caribe estamos en la casilla 26 de 32. Además, de acuerdo con un estudio de Global Forest Watch del 2019, el Perú es el quinto país del mundo y tercero de Latinoamérica, después de Brasil y Bolivia, que más deforesta sus bosques primarios. Para colmo de males, en marzo del 2022, la empresa suiza especializada en la tecnología de la calidad del aire IQAir afirma que la concentración de contaminantes en nuestro país supera por siete veces los niveles máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, convirtiéndonos en el país con peor calidad del aire en Latinoamérica.

A nivel político el panorama tampoco pinta mejor, Latinobarómetro 2021 indica que la aprobación del Poder Ejecutivo peruano en el periodo 2002-2020 fue 30% en promedio, la peor aprobación de todos los países estudiados en América Latina. A su vez, nuestro congreso con apenas 7%, tiene la confianza más baja de todos los países analizados. Como era previsible, los partidos políticos peruanos son también los más repudiados del continente. Además, según el Barómetro de las Américas 2021, el Perú es el país latinoamericano con la más alta percepción de corrupción en sus políticos.

Podríamos seguir y seguir con la evidencia, sin embargo, hay una última que me parece clave, la inseguridad alimentaria. De acuerdo con la investigación “Estado de la inseguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, presentada por la FAO el 2022, el Perú es el país con la inseguridad alimentaria más alta de Suramérica.

A manera de conclusión, la evidencia señala incontestablemente que el Perú vive un proceso acelerado de colapso, de serio debilitamiento, que, de no tomar medidas refundacionales y profundas, puede terminar en la estación Estado fallido. Está en nuestras manos impedirlo.