Los 100 primeros días ¿Qué hacer?

El nuevo gobierno, que asumirá el próximo 28 de julio, recibirá una situación de emergencia en prácticamente todos los frentes. Las cifras son terribles y nos presentan un país devastado por una guerra. Recordemos que el Perú tuvo el peor desempeño a nivel mundial frente a la pandemia el 2020, y el 2021 se disputa ese deshonroso lugar con la India y con Brasil ¿Cuáles son los puntos críticos que deben ser abordados los cien primeros días? Veamos.

1.- Vacunas, vacunas y más vacunas: La corrupción y la ineptitud generadas por el “Vacunagate” produjeron un enorme retraso en la llegada de vacunas al país. Cada día que pasaba se perdían vidas por la irresponsabilidad de algunos. En este aspecto se debe reconocer la loable gestión del presidente Sagasti que logró armar una estrategia prácticamente de la nada. Si bien ahora se llevan a cabo 79 mil inoculaciones diarias (Matlab), todavía estamos lejos de los vecinos de la región. De acuerdo con el portal our world in data, al 18 de mayo el Perú había vacunado a 7.96 personas de cada 100, mientras que en Ecuador la cifra es 8.84, en Bolivia 10.23, en Colombia 14.81, en Argentina 22.55, en Brasil 25.56, en Uruguay 69.07 y en Chile 87.55.

2.- Campaña masiva de nutrición: La pandemia ha ampliado de manera dramática la cantidad de personas que tienen dificultades para alimentarse. De acuerdo con un estudio de WIEGO presentado en febrero del 2021, más del 60 % de los trabajadores informales en Lima pasaron hambre en el 2020, la cifra más alta de las 12 ciudades analizadas. La coordinadora del estudio, Carmen Roca, señaló que las cifras en seguridad alimentaria son "alarmantes" en la capital peruana ¿Qué hacer? Un plan masivo de nutrición a nivel nacional, que priorice a la niñez, gestantes y adultos mayores, con el concurso y la capacidad logística de las Fuerzas Armadas.

3.- Apoyo decidido a la agricultura familiar, en escenarios de posguerra es prioritario garantizar la alimentación de la población, y eso pasa por apoyar de manera audaz a la pequeña agricultura familiar. Según data de CONVEAGRO, en el Perú existen 2.2 millones de familias dedicadas a la pequeña agricultura familiar. Ellos producen el 70 % de la canasta agroalimentaria. De igual forma, el apoyo a este tipo de agricultura generará una gran cantidad de puestos de trabajo.

4.- Agresivo programa de empleo temporal enfocado en los jóvenes. La pandemia demostró el nivel de precariedad del sistema laboral peruano. De acuerdo con data de la OIT de octubre del 2020, la tasa de ocupación del Perú entre el primer trimestre y el segundo trimestre del sufrió una estrepitosa caída de -25.3, la más alta de los países en América Latina. INEI relevó en agosto del año pasado que 6.7 millones de personas perdieron su empleo debido a la pandemia ¿Qué hacer? Un agresivo programa de obras públicas para captar a los jóvenes y las mujeres que han sido los más perjudicados en el aspecto del empleo.

5.- Revisión de la política de exoneraciones tributarias. El Perú tiene una de las presiones tributarias más bajas de América Latina (OCDE, 2020). Hace cuatro años, el Fondo Monetario sugirió al gobierno peruano reducir las exoneraciones tributarias con la finalidad de incrementar la recaudación. La SUNAT informó que el 2019 se dejaron de recaudar 17 mil 200 millones a razón de este mecanismo. Entre el 2009 y el 2019, el Estado peruano dejó de recolectar 130 mil millones de soles (SUNAT). De igual forma se debe considerar un impuesto a las grandes fortunas. Países de distinta bandera política como Chile, Estados Unidos y Argentina ya lo han implementado. El estándar podría ser parecido al chileno, que aplicó una tasa impositiva de 2.5 % a las fortunas a partir de 22 millones de dólares, esperando recaudar 5 mil 700 millones de dólares. Asimismo, a la luz de los errores de países vecinos, bajo ningún punto de vista se debe incrementar los impuestos a las clases medias y bajas, fuertemente golpeadas por la COVID-19.

6.- Poner las bases para la reforma del Estado. Sin un estado mínimamente eficiente no se podrá llevar a cabo ninguna de las iniciativas planteadas. De acuerdo con el BID (2018), la incapacidad y la corrupción en el aparato público peruano equivalen a un derroche de 2.5 % del PIB al año, vale decir un despilfarro de alrededor de 5 mil millones de dólares. Es imprescindible, ahora sí, iniciar la construcción de un servicio civil profesional, e implementar la Política de Modernización de la Gestión Pública.

A manera de conclusión, considero que estos seis puntos pueden encaminar un gobierno mínimamente estable que atienda las urgentes necesidades que tiene la población, especialmente aquella que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad.