Congreso y la representación indígena

En julio del 2006, al asumir el cargo de Congresista de la Republica, María Sumire fue obligada a repetir su juramentación hasta tres veces puesto que, contra el protocolo, insistía en hacerlo en quechua, su lengua materna. Cinco años después, el proyecto de Ley sobre Lenguas originarias presentado por ella misma fue finalmente ratificado por el Poder Ejecutivo.

En el mismo sentido, en el 2009, en el marco del conflicto denominado el “Baguazo”, el Congreso de la República suspendió a siete parlamentarios, tres de ellas con una clara autoidentificación indígena, por manifestarse a favor de las demandas de la población indígena movilizada. Demandas que, luego de movilizaciones nacionales, tuvieron que ser acogidas por el Pleno del Congreso.

Estos son solo algunos de muchos ejemplos donde se evidencia que contar con una pluralidad de identidades y perfiles dentro de los espacios de toma de decisiones beneficia la inclusión de agendas históricamente excluidas en el país.

El Congreso de la República es el órgano de representación por excelencia dentro del Estado; por ello, tiene la responsabilidad de canalizar una gran variedad de demandas, posturas y necesidades de la población. En ese sentido, deberá legislar y fiscalizar el poder tomando en cuenta la diversidad existente en la ciudadanía. Por ese motivo, el proceso de selección de congresistas debe buscar obtener la mayor representatividad posible.

La diversidad cultural, social y económica en el Perú puede ser tan compleja que dificulta en gran medida cumplir con dicho objetivo. De esa manera, exige que se adopten medidas dirigidas a fortalecer y mejorar el diseño institucional y las normas electorales. Pero entonces, considerando esta complejidad, ¿por qué es importante que los pueblos indígenas tengan representación en el Poder Legislativo?

Esta pregunta tiene tres respuestas posibles que además se complementan entre sí. La primera, debido a la gran relevancia que adquiere la identidad cultural en el Perú. Acorde con los datos del Censo de Población y Vivienda del 2017, al menos el 26% de la población se autoidentifica como miembro de alguno de los 55 pueblos indígenas reconocidos por el Estado hasta este momento.

En segundo lugar, por las brechas sociales existentes reveladas también por el Censo. Según los porcentajes sobre falta de acceso a servicios básicos como educación, salud, agua o desagüe, el porcentaje de población que se autoidentifica como indígena supera en todos los casos los porcentajes de personas que no se autoidentifican como indígenas. En concreto, mientras que solamente el 4% de las personas que no se identifican como indígenas no cuentan con acceso a educación, un 9% de personas (más del doble) que sí se autoidentifican como indígenas no acceden a ese servicio público.

Finalmente, y, en tercer lugar, por la escasa representación indígena en el Congreso de la República a lo largo de los últimos años, tomando en consideración que hasta la Constitución de 1979 solamente podían participar en las elecciones aquellas personas que hablaran y escribieran el castellano (lo cual afecta sobre todo a la población indígena). Así, encontramos muy pocos representantes que se hayan autoidentificado como indígenas. Entre el 2001 y el 2016 se han identificado únicamente siete representantes elegidos (Cedillo, 2018).

La relevancia de la identidad cultural en nuestra sociedad, las brechas sociales y económicas existentes de los miembros de pueblos indígenas, y su poca representatividad histórica en el Poder Legislativo nos obligan a cuestionar su diseño y las normas electorales, en búsqueda de una mayor y mejor representación. En ese sentido, en pos de fortalecer las funciones del Poder Legislativo, resulta urgente incorporar sus demandas, posturas y necesidades, fortaleciendo de esa manera su representatividad.