Derecho a la Consulta Previa
¿Es suficiente reconocerlo como parte de nuestro bloque de constitucionalidad?
Abogado
Coordinador del Área Académica y de Investigación del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) y responsable de las líneas de pueblos indígenas, y de Empresas y Derechos Humanos. Especialista en políticas públicas, derechos humanos y gobernabilidad.
¿Es suficiente reconocerlo como parte de nuestro bloque de constitucionalidad?
La adecuada protección de los derechos humanos debe estar integrada en tres niveles de la política pública.
Ausencia de políticas educativas y laborales en favor de la juventud
Este es un antecedente interesante para el proceso de consulta previa, en tanto evita que la identificación de la medida a ser consultada se haga de manera unilateral por el Estado, obligándolo a establecer, de manera conjunta con las organizaciones indígenas, la identificación de la afectación directa y, por ende, de las medidas susceptibles de ser consultables.
El reciente documento aprobado cuenta con cinco lineamientos estratégicos, 13 objetivos estratégicos y 97 acciones, que contienen unos 150 indicadores, y que involucran en su proceso de implementación a unas 21 entidades públicas.
La importancia de la debida diligencia en el contexto actual
Los procesos de debida diligencia son fundamentales para nuestra región, y nuestro país en particular. La falta de seguimiento a las cadenas de producción coloca a los defensores y defensoras indígenas en situaciones de riesgo constante. Cabe repasar las muertes de líderes y lideresas indígenas, así como el desplazamiento forzado de comunidades enteras, a causa de las actividades ilegales en la Amazonía.
Si bien hechos delictivos ocurren en el enfrentamiento entre las comunidades indígenas de la Amazonía, que buscan proteger su territorio y sus recursos para sobrevivir, frente a delincuentes y sicarios que invaden la zona, no es una situación que escape de las responsabilidades esenciales del Estado.
En estos momentos, quizás más que en cualquier otro, el rol de las empresas y los beneficios de una cooperación cercana con las políticas del gobierno resultan fundamentales para garantizar la protección de los derechos de todos y todas.